El diálogo por las pensiones queda aplazado “indefinidamente”

Los sindicatos desmienten la versión oficial del Gobierno sobre la cancelación de la reunión sobre las pensiones prevista para este jueves. Los “motivos de agenda” no fueron los culpables del aplazamiento, sino la negativa de los grupos a presentarse a un encuentro “sin orden del día” y el hecho de que se convocase en la misma jornada que las movilizaciones sociales.

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La mesa de diálogo sobre las pensiones de cara a la Comisión del Pacto de Toledo parece haber quedado en punto muerto. Tras un primer encuentro entre los agentes sociales y el Presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la comunicación entre ambos ha sido nula de cara a la convocatoria de la segunda reunión. Si a principios de semana se anunciaba para este jueves dicha mesa, en la que participarían el Ministerio de Empleo, CEOE, UGT y CCOO, días después se aplazaba el encuentro alegando “motivos de agenda”, según las fuentes oficiales.

La realidad es que lo sindicatos no habían confirmado su asistencia y ya habían expresado sus dudas respecto a la efectividad de dicha reunión, señalando incluso que no estarían dispuestos a participar en negociaciones “cartón piedra”. La mesa de diálogo coincidía además con las movilizaciones convocadas por los representantes de los trabajadores en relación a las restricciones del Gobierno.

Sin embargo, la versión de los sindicatos difiere notablemente de la expresada por el Gobierno. Según han confirmado fuentes de ambas organizaciones a DIRIGENTES, el motivo de la cancelación no han sido las movilizaciones convocadas para este jueves, sino la ausencia de un orden del día y de cualquier tipo de detalle acerca del encuentro. “Nos llamaron para anunciar que el jueves teníamos que acudir a una reunión con la ministra, sin preguntar nuestra disponibilidad ni agendar nada. Cuando preguntamos acerca del contenido a tratar no obtuvimos respuesta, ni siquiera ha habido una convocatoria oficial”, han señalado representantes de UGT.

Ambas organizaciones están molestas porque no se tuvieran en cuenta las movilizaciones previstas, algo que consideran una “provocación”. Tanto UGT como CCOO coinciden en que dicho encuentro no se producirá hasta que no haya un cambio en la dinámica de las convocatorias, tanto en la forma como en las fórmulas. “No sabíamos ni a lo que íbamos. El problema es que se trata de una reunión para hacer la foto y decir que ha habido diálogo, pero a nosotros nos importan los contenidos, se llegue o no a acuerdos”, han explicado desde CCOO.

Otro de los puntos conflictivos es que en un principio se acordó un encuentro privado, sin repercusión mediática, y acto seguido el Ministerio anunció la convocatoria a la prensa. Desde el punto de vista de los sindicatos, las siguientes reuniones deberían ser “más discretas”, ya que el anunció del comienzo de las negociaciones se hizo en el encuentro con Mariano Rajoy.

Una reforma necesaria

La reuniones en torno a la Comisión del Pacto de Toledo tienen como fin discutir las propuestas de los agentes sociales sobre la reforma en la financiación del actual modelo de prestaciones. Esta sería la sexta reforma emprendida sobre dicho modelo en la etapa democrática y quizás la más importante, pues el sistema de préstaciones públicas está bajo mínimos.

El principal problema viene del lado de los ingresos, las cotizaciones a la Seguridad Social no son suficientes, ni llegarán a serlo, para cubrir todas las pensiones previstas (8,5 millones) tanto a nivel contributivo como de carácter social. El déficit actual del organismo es insostenible, con 19.000 millones de pasivo previstos al cierre del 2016. La llamada “hucha de las pensiones” tampoco es una opción, ya que el propio Ejecutivo ha aceptado que su fecha de caducidad será probablemente 2017. Actualmente quedan en reserva 24.200 millones de euros, pero previsiblemente el abono de las pagas extras de verano y navidad, cada una en torno a los 17.000 millones de euros, se lleve el resto.

El objetivo es buscar la mejor forma alternativa de financiación. En la Comisión ya se han expuesto propuestas como crear un impuesto específico para financiar la Seguridad Social, financiar parte de las prestaciones a través de otros impuestos (IVA) o que las pensiones de viudedad y horfandad dejen de formar parte del sistema de financiación contributivo.