RSE, asunto de estado

La divulgación de información no financiera contribuye a medir, supervisar y gestionar el rendimiento de las empresas y su impacto en la sociedad. El Parlamento Europeo acaba de dar un paso adelante en su reconocimiento de que las empresas deben diseñar y publicar sus ‘conductas’ sobre responsabilidad social empresarial gracias a la entrada en vigor de la directiva 2014/95. ¿Qué medidas se están adoptando en España? ¿Cómo se debe aplicar la directiva en nuestro país? Y las pymes, ¿en qué posición quedan?

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Hasta ahora, solo el 10% de las grandes empresas europeas aportaba información no financiera de forma regular. La Comisión Europea se ha hecho eco de esta situación y ha puesto en marcha la Directiva 2014/95, aprobada en octubre de 2014. Esta modifica a una regulación anterior con el objetivo de incrementar la transparencia europea en materia no financiera, sin embargo, las normas que incluye deben ser completadas y ampliadas por los ordenamientos jurídicos nacionales de cada Estado miembro. Es decir, la directiva solamente ofrece una normativa de mínimos, “exponiendo de forma escasa los aspectos sobre los cuales las empresas estarán obligadas a informar en materia no financiera”, señala el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativo en su informe “Propuesta para la transposición de la Directiva Europea 2014/95”.

Este nuevo marco regulatorio, con 23 puntos básicos, va dirigido fundamentalmente a grandes empresas que sean entidades de interés público y superen los 500 empleados, y a empresas que sean matrices de un gran grupo. Según se explica en el texto, la aplicación de la Directiva “no debe entrañar unas cargas administrativas adicionales innecesarias para las pequeñas y medianas compañías”. Por el contrario, las grandes empresas sí deben proporcionar información, los resultados y la situación de la empresa, y el impacto de su actividad relativa a cuestiones medioambientales (salud, efectos actuales, seguridad, etc.) y sociales (igualdad de género, condiciones laborales, etc.), así como relativas al personal (derechos sindicales), al respeto a los derechos humanos y a la lucha contra la corrupción y el soborno.

Puede leer el reportaje completo en la revista DIRIGENTES del mes de enero

 

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