Los presupuestos de Francia e Italia para 2015 eran una declaración de guerra ante la disciplina fiscal que se impone en Bruselas. Ambos países admitían que no van a cumplir con los objetivos de déficit y se saltaban el compromiso de control de gastos con recorte de impuestos para impulsar sus debilitadas economías. Se presuponía que la Comisión Europea les iba a dar un toque de atención, por un lado, y se iba a desatar una tormenta política entre el bloque de Berlín y los dos países díscolos.
Normalmente, las advertencias de la Comisión Europea a los países por sus planes presupuestarios suelen ser discretos y hasta que el Estados no anuncia medidas contundentes para seguir los dictados de Bruselas no se desvela que la Comisión se ha puesto seria. Pero el Gobierno italiano ha roto la costumbre al publicar la carta confidencial de uno de los vicepresidentes, Jyrki Katainen, al ministro de finanzas italiano.
En la misiva, se indica que Italia tendrá una desviación significativa de los objetivos presupuestarios para 2015y que retrasa la consecución de los mismos hasta 2017. La carta emplaza a Italia a abrir un diálogo para llegar a un acuerdo "La comisión quiere continuar y mantener un diálogo constructivo con Italia, con la intención de alcanzar una evaluación final. Nos gustaría contar con su punto de vista sobre lo comentado con la mayor brevedad posible, si puede serte antes del 24 de octubre. Esto permitiría a la Comisión tener en cuenta la posición de Italia en un futuro trámite de los Presupuestos", culmina la misiva.
Una semana antes,
el Gobierno de Hollande marcó el camino a Italia. Aunque anunció un recorte de 55.000 millones, el ministro de finanzas, Michel Sapin, explicó que no se alcanzaría con los objetivos de déficit y que se reduciría a un ritmo adecuado a las necesidades del país.
Ahora se abre el plazo de la negociación o de las sanciones, en plena antesala de una tercera recesión en la
zona euro. Francia e Italia intentarán convencer a Merkel y a sus socios afines de la necesidad de flexibilizar la política fiscal, mientras la Comisión tiene diez días para analizar los presupuestos y pedir enmendarlos si detecta indisciplina, con la amenaza de emprender duras sanciones.
