Las exigencias para la nueva banca

La avalancha regulatoria a raíz de la crisis financiera se inició con el objetivo de que los contribuyentes no tuvieran que volver a pagar jamás las malas prácticas de los bancos. Es evidente que tras años de saneamiento y restructuración, el sistema financiero europeo es ahora más sólido. Pero los riesgos aún son muy numerosos y quedan muchos retos pendientes. Así lo puso de manifiesto a finales de septiembre el Banco Central Europeo (BCE), en su papel de supervisor único, con las nuevas exigencias de capital a la banca.

Unas exigencias que ya han sido criticadas desde el sector, que, aunque asegura poder cumplirlas, las tacha de excesivas y de un obstáculo más para que el crédito fluya a las empresas. Los expertos ya se han pronunciado. El banco de inversión JP Morgan fue uno de los primeros apuntando a que estas nuevas exigencias supondrán que los 35 principales bancos europeos refuercen balance por 26.400 millones de euros para cumplir con el ratio de solvencia del 10%, que podría rebajar a petición de las entidades, especialmente la banca francesa. Santander será uno de los más perjudicados y no le quedará más remedio que ampliar capital o reducir dividendo, según los expertos.

Bajo este escenario, el FMI ha vuelto a considerar que el riesgo de iliquidez en los mercados de capitales podría impactar de manera grave en la solvencia de las entidades y convertirse en un acontecimiento sistémico. Para los expertos, el principal riesgo que observa la institución en este sentido es que ésta conllevaría una estrategia de venta de activos por parte de las entidades financieras, o una restricción del crédito al sector privado que tendría consecuencias negativas sobre el crecimiento económico.

Desde el Departamento de Análisis de Bankinter consideran que para medir la capacidad de resistencia del balance de las entidades, el FMI propone realizar pruebas de esfuerzo que tengan en cuenta escenarios de iliquidez. "Entendemos que en caso de prosperar la sugerencia del FMI, las pruebas de esfuerzo podrían tener en consideración el análisis de las ratios de liquidez de las entidades financieras, tales como el período medio necesario para vender la cartera de negociación, el descuento máximo sobre los precios de mercado que las entidades podrían asumir para no tener problemas de solvencia o incluso la idoneidad de mantener ciertos activos financieros en balance", indican los expertos.

El futuro de los DTAs

Otra de las novedades más inmediatas para el sector está en los activos fiscales diferidos (DTAs). El Gobierno obligará a las entidades financieras a tributar ellos. Y el sector tiene más de 40.000 millones, generados durante la crisis financiera, que los computa como fondos propios. La Comisión Europea tiene abierta una investigación sobre si son ayudas del Estado encubiertas.

A partir de ahí, el Gobierno modificará el tratamiento fiscal de los DTA mediante una reforma del Impuesto sobre Sociedades que consistirá en que los DTA generados antes del 1 de enero de 2016, que estuvieran cubiertos por la garantía recogida en el RDL 14/2013 la mantendrán en el futuro. No obstante, si los beneficiarios de la garantía hubieran pagado menos impuestos entre los años 2008 y 2015 que el valor de esos DTA garantizados, deberán abonar una prestación patrimonial anual en favor del Estado del 1,5% de la diferencia entre ambos importes.

A partir del ejercicio 2016 sólo se garantizarán aquellos DTA que cumplan los mismos requisitos que en la norma de 2013 pero con un límite que depende del Impuesto sobre Sociedades pagado. Es decir, no se podrán generar DTA garantizables cuando no se produzca pago por el citado Impuesto.

Los expertos de ACF, recuerdan que, bajo este escenario, la banca española tendrá que tributar para que los DTA puedan seguir siendo computados como capital de máxima calidad pero se elimina, a cambio, cualquier incertidumbre sobre la investigación abierta por la Comisión Europea sobre la legalidad de los avales públicos. "Según nuestros cálculos, las entidades más afectadas por el pago de impuestos (como un 1,5% sobre la diferencia entre el valor de los DTAs garantizados y los impuestos pagados entre 2008 y 2014) serían Sabadell (unos 75 millones de euros), BBVA (74 millones de euros), Caixabank (69 millones de euros), Bankia (61 millones de euros) y Santander (55 millones de euros)", indican los expertos.

Como porcentaje sobre el beneficio neto esperado en 2015, en Sabadell representaría un 11%, un 6% en Liberbank, un 5% Bankia y un 5% en Caixabank.