Según el presidente Barack Obama, los teléfonos deberían estar diseñados de una forma que se permita al Gobierno obtener acceso para impedir un ataque terrorista o imponer leyes fiscales. Según informa Reuters, el presidente opinó así durante el festival tecnológico South by Soouthwest de Texas. Sin embargo, Obama evitó referirse al caso legal en el […]
Dirigentes Digital
| 12 mar 2016
Según el presidente Barack Obama, los teléfonos deberían estar diseñados de una forma que se permita al Gobierno obtener acceso para impedir un ataque terrorista o imponer leyes fiscales.
Según informa Reuters, el presidente opinó así durante el festival tecnológico South by Soouthwest de Texas. Sin embargo, Obama evitó referirse al caso legal en el que el FBI intenta obligar a Apple a dar acceso al iPhone del asesino de San Bernardino, que junto con su mujer mató a 112 personas en diciembre en California. Obama quiso dejar claro que, no obstante, debe haber un equilibrio entre las libertades personales y los derechos civiles.
"Si tecnológicamente es posible hacer un dispositivo impenetrable o crear un sistema en el que la encriptación es tan fuerte que no haya ninguna clave, si no hay puerta ninguna en absoluto, entonces, ¿cómo detener a un delincuente de pornografía infantil? ¿Cómo afrontar o evitar un plan terrorista?", opinó Obama.
"¿De qué mecanismos disponemos para hacer cosas tan simples como la aplicación de leyes fiscales si, en la realidad, no se puede romper este sistema, si el gobierno no tiene acceso? Entonces todo el mundo sale con una cuenta bancaria suiza en su bolsillo", añadió.
El FBI está investigando si existen posibles vínculos entre el asesino de San Bernardino y el Estado Islámico y quiere obligar a Apple a darles acceso al iPhone del asesino, que falleció en el tiroteo con la policía. Pero el grupo tecnológico estadounidense rechaza la orden administrativa al afirmar que abriría una "puerta trasera" a los teléfonos móviles que podría permitir a delincuentes y a gobiernos abusar de este acceso. Apple también sostiene que el parlamento no ha autorizado al Ministerio de Justicia a presentar esta solicitud.
