El Congreso de México ha concluido la aprobación de las leyes que integran la reforma energética, tras meses de disputas entre el Gobierno y los partidos opositores. Durante este periodo, el Senado ha debatido un total de 21 leyes reglamentarias que permitirán la reforma de los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, a […]
Dirigentes Digital
| 08 ago 2014
El Congreso de México ha concluido la aprobación de las leyes que integran la reforma energética, tras meses de disputas entre el Gobierno y los partidos opositores.
Durante este periodo, el Senado ha debatido un total de 21 leyes reglamentarias que permitirán la reforma de los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución, a través de la cual se abrirá al capital privado la explotación de hidrocarburos.
Según ha informado el diario mexicano "La Jornada", la reforma fue rechazada por la izquierda, que asegura que con esta reforma "se entregará la riqueza energética a extranjeros" y "derivará en aumentos de tarifas y precios, agotamiento prematuro de los hidrocarburos, despidos en la estatal petrolera Pemex y en la empresa de energía eléctrica", entre otras posibles consecuencias.
Por su parte, el coordinador del Partido Revolucionario Institucional, Emilio Gamboa Patrón, ha asegurado estar contento, argumentando que "con esta reforma, México va a alcanzar mejores niveles de bienestar".
Los principales cambios que supondrá la reforma energética son:
1. El regreso de las petroleras privadas. Los operadores internacionales tendrán la puerta abierta tras 76 años desde la nacionalización de la industria petrolera en México. La nueva ley de Hidrocarburos permite que el Gobierno, a través de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, la Secretaría de Energía y laSecretaría de Hacienda y Crédito Público, configure las bases de las nuevas licitaciones para explotar petróleo y gas natural.
2. Al mejor postor… según Hacienda. Las licitaciones para extraer hidrocarburos las ganarán las empresas que ofrezcan las mejores condiciones económicas, es decir, la mayor renta para el Estado. Hacienda tiene la última palabra.
3. Competencia en gasolinas… y adiós al subsidio. Se le quita el monopolio a las franquicias de Pemex de manera paulatina hacia 2018. Ahora los privados podrán instalar estaciones, importar gasolina y venderla a precios del mercado.
4. La promesa energética del gas natural. Las compañías privadas también tendrán la posibilidad de participar en la extracción del gas natural, pero además, la legislación abre la puerta para obtener permisos para su importación de parte de la iniciativa privada desde Estados Unidos.
5. La CFE se ‘queda’ con tu casa. La nueva Ley de la Industria Eléctrica prevé la creación de un mercado mayorista de electricidad, controlado por el nuevo Centro Nacional de Control de Energía, donde las grandes empresas puedan vender la energía eléctrica que generen. Pero la CFE mantendrá la distribución y venta de electricidad a los hogares.
6. La Ronda Cero. Pemex sabrá a mediados de septiembre que zonas retendrá para su explotación exclusiva en los siguientes años, además de marcar qué áreas serán susceptibles de entrar en las nuevas licitaciones para privados y para la propia paraestatal. La legislación secundaria definió los modelos de contratos compartidos y de servicio que utilizará la petrolera nacional para trabajar con la iniciativa privada.
7. Pemex y CFE, una carrera por reinventarse. Los monopolios deberán transitar a un nuevo esquema como "empresas productivas del Estado", por lo que tendrán una mayor independencia en su toma de decisiones internas y manejo de su presupuesto, aunque mantendrán su vínculo estrecho con la Sener.
8. El rescate de las pensiones. El Gobierno tendrá el compromiso de absorber una parte proporcional al acuerdo al que lleguen Pemex y CFE con sus respectivos sindicatos para disminuir el pesado pasivo laboral de las paraestatales, que asciende a cerca de 1.7 billones de pesos.
9. La red fiscal. La nueva Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos prevé la creación de cinco nuevas regalías que irán al Fondo Mexicano del Petróleo, y que fijan condiciones más favorables para el privado en áreas de difícil extracción como aguas profundas o shale gas y oil; además de permitirle a Hacienda jugar con las variables de la contraprestación que se fijará en cada contrato.