El Gobierno de Ecuador espera una respuesta de la petrolera Chevron sobre el fallo de la Corte Suprema de Justicia de EEUU que obliga al país andino a pagar 96 millones de dólares. "Hay que ver primero si nos cobran, hay que ver si tienen cara para cobrarnos después de haberle hecho tanto daño al […]
Dirigentes Digital
| 09 jun 2016
El Gobierno de Ecuador espera una respuesta de la petrolera Chevron sobre el fallo de la Corte Suprema de Justicia de EEUU que obliga al país andino a pagar 96 millones de dólares. "Hay que ver primero si nos cobran, hay que ver si tienen cara para cobrarnos después de haberle hecho tanto daño al país", afirmó el presidente de Ecuador Rafael Correa, que cuestiona la decisión del Supremo de Estados Unidos de no admitir un recurso a este fallo.
El caso, conocido como "Chevron II", se refiere a una demanda interpuesta ante tribunales arbitrales por la petrolera contra el Estado ecuatoriano por ‘denegación de justicia’ en unos procesos presentados en el periodo en que la compañía operó en la Amazonia de Ecuador, entre 1964 y 1990.
Correa ironizó al afirmar que "ese es el mundo" actual, ya que "con todos los abogados que tiene Chevron sus causas salen rápidas a su favor y lo otro (otros casos contra la compañía) lo bloquean por todos los medios". Se refiere a una condena a la petrolera por parte de la justicia ecuatoriana, que la obliga a pagar 9.500 millones de dólares por daños ambientales en la Amazonia, en un juicio privado presentado por colonos e indígenas de esa zona.
La petrolera se niega a cumplir la condena de la justicia ecuatoriana al considerar que ese juicio obedece a un complot contra ella. Chevron ha presentado hasta tres litigios contra Ecuador en cortes internacionales de arbitraje. Correa precisó que el "Chevron II" es un proceso por "denegación de justicia" que los tribunales estadounidenses han fallado a favor de la petrolera, ya que en el pasado las cortes del país no resolvieron juicios planteados por la compañía.
Los tribunales de EEUU favorecieron a la compañía con base en el Tratado Bilateral de Inversiones (TBI) entre Ecuador y EEUU, que entró en vigor en 1997, pese a que la relación de la petrolera con el Estado andino terminó dos años antes.
El fallo contra Ecuador "es fruto de los TBI. Esto le hizo un enorme daño al país porque todo está en función del capital", ha señalado Correa. La decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos para hacer pagar a Ecuador 96 millones de dólares es definitiva, pero podría volver a ser estudiada por la corte si el Estado vuelve a presentar el caso bajo otros términos.
