Artur Mas aumenta el desafío en su cruzada soberanista. Hoy el Diario Oficial de la Generalitat de Cataluña publica el decreto para decreto los nombramientos de los miembros de la comisión de control de las consultas populares no refrendarias, que fue votada ayer jueves en el Parlament sin los votos del PSOE, PP y Ciutadans.
En unas elecciones o un referéndum sería un mero trámite tras convocarse, en el caso de Cataluña supone desobedecer la suspensión cautelar de cinco meses del Tribunal Constitucional después de que admitiera a trámite el pasado lunes los recursos de ilegalidad del Gobierno.
La comisión de control de las consultas es un órgano equivalente a una junta electoral que supervisará la convocatoria del 9 de noviembre, tal como estipula la Ley de Consultas catalana, que ha sido suspendida. La comisión la formarán los catedráticos o profesores de universidad Mercè Barceló, Joaquim Brugué, Alfons González, Miquel Martin y Jordi Matas, así como por los abogados Marc Marsal y Benet Salellas.
En principio, parecía que el Gobierno de la Generalitat iba acatar la medida del Tribunal Constitucional. De hecho, paralizó temporalmente la campaña institucional del 9-N cumpliendo la ley, aunque se mantuvo firme en su convicción que la convocatoria era legal e iba a presentar alegaciones al TC contra la suspensión.
Pero el conseller, Francesc Homs, advirtió el mismo martes que iban a seguir adelante con el proceso independentista. La Generalitat ha contratacado con petición de recusación del presidente del TC, Pérez de los Cobos, y el magistrado Pedro José González-Trevijano, para que se mantengan al margen de la evaluación de los recursos contra la Ley de Consulta y la convocatoria.
La Mesa del Parlament mantuvo la noche del jueves una reunión extraordinaria con carácter de urgencia después que los portavoces de los grupos parlamentarios de CiU, ERC, ICV-EUiA y CUP firmaran al mediodía una petición formal para aprobar la presentación del escrito de recusación.
El escrito se basa en la presunta imparcialidad de los dos magistrados por su afiliación al Partido Popular y afinidad ideológica. Pérez de los Cobos militó en el PP entre los años 2008 a 2011.
