El diputado José Gregorio Correa por la Mesa de la Unidad Democrática, entregó el pasado miércoles a la Comisión de Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional venezolana, el proyecto de Reforma de la Ley de Telecomunicaciones para su primera discusión. Correa aseguró que el objetivo de la Ley "es buscar el beneficio para los […]
Dirigentes Digital
| 26 feb 2016
El diputado José Gregorio Correa por la Mesa de la Unidad Democrática, entregó el pasado miércoles a la Comisión de Medios de Comunicación de la Asamblea Nacional venezolana, el proyecto de Reforma de la Ley de Telecomunicaciones para su primera discusión. Correa aseguró que el objetivo de la Ley "es buscar el beneficio para los medios audiovisuales". Esta reforma, será presentada en el Parlamento del Sur (Mercosur), según explicó Correa.
La reforma a la Ley de Telecomunicaciones "regularizará" la situación de las concesiones, así lo aseguró el diputado ante la Asamblea Nacional (AN), quien agregó que la ley no va a favorecer a "nadie en especial". Correa expresó que con esta reforma se "regularizará" la situación de más de 400 emisoras de radio, televisiones y portales electrónicos. De igual forma, el diputado denunció que en el país funcionan más de 1.500 emisoras de radio clandestinas, bajo la mirada del Gobierno que no toma medidas al respecto, han informado medios locales.
La idea es "tener un cuerpo colegiado de siete personas que realmente actúe como vigilante y garante de la estabilidad de los medios de comunicación, del acceso a la información y de los ciudadanos y que este órgano colegiado, tenga la oportunidad de tener un presidente rotativo que sea anual, no sea discrecional y que no tenga tendencia partidista", ha alegado Correa.
Enza Carbone, presidenta de la Cámara Venezolana de la Radiodifusión, manifestó por su parte que uno de los problemas principales que atraviesa la industria de la radio es la renovación de las concesiones que, aseguró, implica "un problema tremendo", no solo para la industria sino también para el Estado venezolano porque "nos da una inseguridad jurídica a todo nivel, empezando por las inversiones. Nadie puede invertir estando en un limbo jurídico".
