España ha pasado de alumno aventajado de Bruselas a convertirse en un dolor de cabeza para el Ejecutivo comunitario. El convencimiento de Luis de Guindos, ministro de Economía en funciones, de que el procedimiento de sanción terminaría en nada está ahora mismo por los suelos. Uno de los vicepresidentes de la Comisión, Maros Sefcovic, ha […]
Dirigentes Digital
| 21 jul 2016
España ha pasado de alumno aventajado de Bruselas a convertirse en un dolor de cabeza para el Ejecutivo comunitario. El convencimiento de Luis de Guindos, ministro de Economía en funciones, de que el procedimiento de sanción terminaría en nada está ahora mismo por los suelos.
Uno de los vicepresidentes de la Comisión, Maros Sefcovic, ha confirmado que la cuantía de la multa para España y Portugal se anunciará la próxima semana para que sea elevado al Ecofin del próximo 27 de julio. El Gobierno de Mariano Rajoy tenía volcada toda esperanza para que fuera cero. Pero la Autoridad Fiscal (AIReF) ayer publicó sus previsiones de déficit para este año alertando que se podría desviar hasta 10.000 millones, lo que ha confirmado la teoría de Bruselas de que España necesita más tiempo para cumplir con el Pacto de Estabilidad y dejar el déficit por debajo del 3% en 2017.
De Guindos rechazó en los últimos meses un aplazamiento de los objetivos para utilizarlo de argumento en las alegaciones contra el procedimiento de sanción como muestra de buena predisposición con el rigor presupuestario. Sin embargo, la Comisión está por la labor que conceder un año más, en la nueva senda de propuesta de senda presupuestaria que en estos momentos se está negociando. Es decir, Bruselas fijaría el cumplimiento para 2018.
Esta circunstancia complica la idea de una multa cero. En el seno del Ejecutivo comunitario hay una fractura sobre la sanción, a pesar de que Pierre Moscovici, comisario de Economía, abrió la puerta a esa posibilidad. El ala dura de la Comisión pide que se eleve la multa, aunque tenga un carácter simbólico, para dar sensación de ejemplaridad ante la necesidad de ofrecer flexibilidad en el objetivo de déficit.
Donde hay consenso es en la congelación de fondos estructurales que puede afectar a alrededor de 2.000 millones en 2017. Sefcovic ha explicado que el debate se pospondrá para después de agosto.
