A preguntas del fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón, el encausado ha indicado que en ningún momento tuvo que justificar los gastos efectuados porque, de acuerdo con la ley que rige el IRPF, este tipo de "remuneraciones en concepto de gastos de representación" no es preciso detallarla, máxime cuando la tarjeta tenía un límite máximo anual (25.000 euros) que no […]
Dirigentes Digital
| 05 oct 2016
A preguntas del fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón, el encausado ha indicado que en ningún momento tuvo que justificar los gastos efectuados porque, de acuerdo con la ley que rige el IRPF, este tipo de "remuneraciones en concepto de gastos de representación" no es preciso detallarla, máxime cuando la tarjeta tenía un límite máximo anual (25.000 euros) que no se podía sobrepasar.
En caso de superarlo, ha aclarado, ya no era Caja Madrid la que se hacía cargo de esa diferencia, sino el beneficiario de la tarjeta, con la que en total gastó 255.400 euros.
Sobre este límite, ha explicado que era "la forma de movilizar esta remuneración" y ha reconocido que "en algún momento" pidió subirlo, aunque "siempre dentro del máximo anual" de los 25.000 euros. "Siempre a fin de año solicitaba información de cuánto me quedaba para agotarlo, ya que si no lo gastaba lo perdía", ha relatado a la sala, tras exponer que cuando llegó al consejo, asumió que el sistema de las tarjetas, en marcha desde hacía 18 años, "funcionaba así" y que "lo único que se podía conocer era el saldo, no los movimientos".
Además ha señalado que una vez al año recibía el correspondiente certificado de retenciones del IRPF, que comprendía su remuneración total sin desglosar y que coincidía con los datos facilitados por Hacienda.
Rodríguez Ponga ha negado la validez a las hojas de excel que Bankia ha entregado al tribunal detallando los gastos efectuados por él y por el resto de acusados, ya que considera que se trata de un documento sin certificar, sin membrete y que no ofrece garantías de veracidad.
