Las políticas de empleo son asunto nacional y sólo los Estados miembros tienen la responsabilidad de implementarlas como consideren. A la Unión Europea le queda la parte complementaria de impulsar los esfuerzos de los países con programas de financiación que fomenten la creación de empleo, reduzcan las diferencias en los mercados laborales e incrementen la […]
Dirigentes Digital
| 10 feb 2017
Las políticas de empleo son asunto nacional y sólo los Estados miembros tienen la responsabilidad de implementarlas como consideren. A la Unión Europea le queda la parte complementaria de impulsar los esfuerzos de los países con programas de financiación que fomenten la creación de empleo, reduzcan las diferencias en los mercados laborales e incrementen la competitividad, sin descuidar la protección de los derechos de los trabajadores. El Fondo Social Europeo (FSE) es uno de los programas más potentes con los que cuenta la UE. Fue creado por el Tratado de Roma en 1957, lo que le convierte en el fondo más antiguo y el principal instrumento del que dispone Europa para invertir en capital humano, promoviendo el empleo y la inclusión social. Entre sus prioridades, ayudar a las personas a encontrar un puesto de trabajo o mejorar las condiciones laborales de los ciudadanos. Su presupuesto desde 2007 hasta 2013 ha sido de 115.600 millones de euros. De ese total, 76.800 millones fueron aportados por la Unión Europea, 35.100 millones de contribuciones públicas nacionales y 3.700 millones de fondos privados. En siete años, el fondo FSE ha contribuido a que 9,4 millones de europeos encontraran un empleo y a que 8,7 millones de residentes mejoraran su formación con un título. Estos datos ponen de manifiesto que todos los residentes tienen cabida en el aprovechamiento de estos fondos, ya que se distribuye de forma equitativa entre aquellos que están inactivos (36%), las personas que ya tienen un empleo (33%) y los desempleados (30%). En cuanto a los grupos por segmentos, los beneficiarios de estos proyectos son en un 40% las personas que cuentan con una baja calificación, en un 30% los jóvenes y en un 21% las personas desfavorecidas. En definitiva,las ayudas europeas sirven para que los Estados cuenten con mayores recursos para hacer frente a los desafíos sociales, de forma que se facilite con apoyo financiero el acceso al empleo de personas que encontrarían dificultades. Puede leer el reportaje completo en la revista DIRIGENTES del mes de febrero
