Los riesgos de la influencia política en la banca europea

Desde la crisis financiera ha crecido el interés en torno a la banca y a sus estructuras de gobierno. Para favorecer la transparencia y el control de estas entidades, la Unión Europea creó en 2014 el ‘Mecanismo Único de Supervisión’, que otorga al Banco Central Europeo (BCE) la misión de vigilar directamente a aquellos bancos considerados ‘instituciones significantes’ (SIs). Este grupo está compuesto por las principales entidades comunitarias (más de 30.000 millones en activos) y sus subsidiarias; unas 122 compañías con 23 billones de activos en cartera, tan sólo ocho de estos bancos son considerados sistémico y sólo 44 cotizan en algún mercado. El think tank belga Bruegel ha elaborado un informe en el que refleja los altos niveles de “idiosincrasia” en la banca comunitaria en comparación a otras plazas como Canadá, Estados Unidos o Reino Unido, es decir, los altos niveles de concentración del poder en figuras públicas o privadas. Hasta el 64% mantiene algún tipo de vínculo con los gobiernos de sus respectivos países y el 37,1% se basa en estructuras de control con un accionista mayoritario o un grupo predominante. En esta línea, el total de entidades nacionalizadas o creadas directamente por los gobiernos supone el 31,9% (9 bancos), lo que equivale a 3,05 billones en activos en manos del sector público. Además, hasta ocho instituciones tiene entre sus accionistas a fundaciones regionales o nacionales, también influidas por el poder político, lo que suma hasta 1,597 billones ‘extra’ en cartera. Contando también con aquellos bancos con un modelo de gobierno ‘cooperativo’ (la mayor parte del capital está controlada por sus propios clientes), que también tienen una tendencia alta a la ‘politización’, el think tank concluye que hasta el 61% del total de activos tiene detrás algún tipo de influencia política, lo que representa en torno a 13,5 billones de euros. Esta tendencia varía por países, tan sólo el 6% del total de bancos está nacionalizado (10 entidades). Este fenómeno se da tan sólo en seis países (el estudio no tiene en cuenta los movimientos más recientes como el rescate de la banca italiana): España (2 entidades, el 7% del total de activos en el país), Holanda (2 entidades, el 21%), Bélgica (2 entidades, el 54%), Irlanda (2 entidades, el 50%), Portugal (1 entidad, el 25%) y Chipre (1 entidad, el 32%). El número de bancos creados directamente por el poder político es muy notable en Alemania (10 entidades, el 31%), Portugal (1 entidad, 43%), Luxemburgo (1 entidad, el 57%) y Eslovenia (1 entidad, el 80%). Los países con mayores cotas de dispersión en los consejos de sus entidades son España (4 entidades, el 72%) Italia (6 entidades, el 60%) y Francia (2 entidades, el 45%). En el extremo contrario, aquellos países con mayores tasas de control ‘minoritario’ o concentrado en un accionista privado son Grecia (4 entidades, el 100%), Letonia (1 entidad, el 100%) y Malta (1 entidad, el 100%), aunque todos coinciden con volumenes de activos en cartera muy reducidos respecto al total. Bruegel advierte que estos patrones convierten a la banca europea en “menos transparente” y “menos sujeta a la disciplina del mercado”. Por un lado, la dispersión en las estructuras de gobierno suele ser un incentivo para incrementar los niveles de transparencia y comunicación interna, además, las compañías cotizadas tienen que cumplir unos requisitos de información pública bastante exigentes. Por otro lado, los bancos en los que existe concentración de poder tienden a ser menos eficaces a la hora de priorizar la rentabilidad sobre sus propios objetivos, mientras que las entidades diversificadas se centran más en la búsqueda de beneficios y dividendos. Otro incoveniente suele ser que estas instituciones son más reacias a las ampliaciones de capital, sobre todo si son pocos accionistas mayoritarios y pueden perder influencia sobre el total del capital. Además, la relación del sector financiero y el político suele derivar en la desviación de los intereses comerciales a otras prioridades, lo que tiene un efecto negativo sobre los niveles de riesgo y de rentabilidad.