La Comisión Europea ha dado un paso más en la revisión de las normas de IVA, dirigidas a ofrecer a los Estados miembros una mayor flexibilidad a la hora de fijar los tipos de IVA, favoreciendo el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas gracias a un marco fiscal mejor definido. Se trata de la […]
Dirigentes Digital
| 18 ene 2018
La Comisión Europea ha dado un paso más en la revisión de las normas de IVA, dirigidas a ofrecer a los Estados miembros una mayor flexibilidad a la hora de fijar los tipos de IVA, favoreciendo el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas gracias a un marco fiscal mejor definido. Se trata de la última etapa en las propuestas que tiene pensado hacer la Comisión Europea, pensadas principalmente en crear un espacio único del IVA en la Unión Europea y reducir de forma considerable el fraude que se da a la hora de presentar este impuesto. El objetivo es doble: garantizar que los países recaudan lo que deben y apoyar a las empresas. Con la nueva normativa, tendrían cabida cuatro tipos. Además del tipo normal del IVA del 15 %, los Estados miembros podrán establecer dos tipos distintos entre el 5% y el 15%, un tipo entre el 0% y el 5% y un tipo del 0 % para productos que puedan estar exentos de IVA. Los Estados miembros también deberán garantizar que el tipo medio ponderado del IVA sea de como mínimo el 12%. Bruselas cumple así con su compromiso de dar mayor autonomía a los Estados en materia de tipos, de forma que la rigidez de lAs normas comunes que se aprobaron en 1992 puedan cambiar. Con la normativa actual los IVA reducidos sólo se pueden aplicar a unos cuantos sectores y productos. «Los Estados miembros se han visto sometidos a una presión creciente ejercida por las empresas y los grupos de intereses para que modifiquen los tipos del IVA en favor de sectores determinados. Sin embargo, la falta de margen de maniobra en nuestras normas actuales significa que la atención se centra a menudo en dilucidar a qué producto o servicio podría aplicarse un tipo reducido, en lugar de centrarse en la brecha abierta en nuestros presupuestos debido al fraude en materia de IVA. La propuesta presentada hoy concederá a los Gobiernos una flexibilidad máxima para fijar los tipos del IVA según lo deseen, lo que nos permitirá concentrarnos en abordar el problema más importante que constituye el fraude en materia de IVA, estimado en unos 50.000 millones de euros», explicaba el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici. Por otro lado, la Comisión también puso encima de la mesa otro de los problemas a los que muchas empresas se enfrentan, sobre todo aquellas que operan en otros países. Puso el acento en el coste de cumplimiento que soportan estas empresas, un 11% superior a los que tienen las compañías que sólo operan a nivel nacional. Esta situación supone un obstáculo para el crecimiento y por ello el Ejecutivo comunitario quiere que la normativa sea más simple. Su objetivo final pasa porque los costes de cumplimiento en materia de IVA se reduzcan de forma global en un 18% anual.