Una cuarta parte de la primera línea de avales públicos para créditos a empresas ya se ha consumido, según informó el Gobierno esta semana. Así, el ICO ha avalado préstamos por valor de 4.739 millones de euros de los 20.000 millones con los que está dotada la primera línea. En vistas del aluvión de solicitudes […]
BancaDirigentes Digital
| 16 abr 2020
Una cuarta parte de la primera línea de avales públicos para créditos a empresas ya se ha consumido, según informó el Gobierno esta semana. Así, el ICO ha avalado préstamos por valor de 4.739 millones de euros de los 20.000 millones con los que está dotada la primera línea.
En vistas del aluvión de solicitudes de créditos, el Gobierno aprobó poner en marcha una segunda línea de avales de 20.000 millones que, en esta ocasión, se destinarán a pymes y autónomos, a diferencia de la primera línea, que solo reservaba la mitad de los avales para los pequeños negocios.
La aprobación de estos créditos depende del tamaño. Es decir, se dividen entre las que superan los 50 millones y las que son inferiores. En estas últimas, la solicitud del crédito es analizada por el banco en cuestión, que posteriormente se pasa al ICO, que no realiza un análisis de riesgo, sino que controla los aspectos que tienen que ver con la documentación y que el cliente no supere el límite de avales públicos que determina el estado. En el caso de los préstamos que superan los 50 millones, el banco analiza los riesgos y, posteriormente, el ICO estudia si se ajusta a los suyos. Esto es, en este caso, la solicitud debe superar los filtros de la entidad financiera y los del propio ICO. Si no los supera, se rechaza la operación.
Por ejemplo, CaixaBank ha concedido 8.000 millones de euros en créditos al sector empresarial durante las dos últimas semanas de marzo, con el estado de alarma en marcha. Sin embargo, la entidad explica que ha recibido 90.000 solicitudes para acogerse a los créditos avalados por el ICO, que en total alcanzarían préstamos por valor de 8.500 millones de euros, de manera que queda superado el primer tramo con respecto a la proporción que le ha sido asigada por el Banco de España.
Por su parte, a Bankia le corresponde dar salida alrededor de un 7% de la primera línea de créditos con avales públicos. En total, corresponderían 1.500 millones a la entidad que preside Ignacio Goirigolzarri. Desde la entidad afirman que “lo importante es que lleguen a las empresas”, si bien hasta ahora solo se ha distribuido menos de una cuarta parte.
En cuanto a Banco Santander, prefieren no hacer referencia a cifras concretas, pero admiten que la comercialización está yendo bien. En las anteriores emisiones de crédito por parte del ICO, Santander acaparó más de una tercera parte, mientras que en esta ocasión la consultora Álvarez & Marsal la cuantifica en el 22%.
Desde el lado de las empresas se ha alertado de que ciertos bancos están gestionando estas líneas de crédito de manera irregular, según explican desde el despacho Vallverdú Abogados. Dicho bufete acusa a algunas entidades bancarias de velar por sus propios intereses, según palabras de Rubén Cueto, socio director.
No obstante, Cueto va más allá al explicar que se están dilatando las concesiones de créditos al condicionarlas a la contratación de otros productos bancarios, tipos de interés más elevados o comisiones abusivas. En concreto, estas condiciones son las que el Banco de España se ha encargado de vigilar.
Uno de los bancos cotizados españoles, reconoce a este medio que se han producido ventas de ese tipo, si bien afirman que fueron antes de que se pusieran en marcha los avales del ICO. “Hay bancos que son super agresivos a la hora de colocar sus productos”, afirma.
Desde la Asociación Española de Banca (AEB) se pone en duda que se hayan producido estas malas prácticas, y se explica a este medio que no es un procedimiento recurrente: “Si realmente se han producido habrán sido casos aislados, puntuales y como consecuencia de errores humanos que ya se habrán corregido”, aclara la AEB a DIRIGENTES.
Además, en un comunicado emitido el pasado 6 de marzo, AEB, junto con CECA y UNACC, pidieron a las entidades asociadas la “aplicación rigurosa” de las normas para comercializar este tipo de créditos. Así, se reclamaba que la concesión de estos préstamos “no puede estar vinculada en ningún caso a la contratación de otros productos”.
