El Congreso de los Diputados ha aprobado –261 votos a favor, 76 abstenciones y dos en contra– el proyecto de Ley de Creación y Crecimiento de Empresas, conocido como la Ley ‘Crea y Crece’, con el que el Gobierno busca mejorar las condiciones para la creación de Sociedades de Responsabilidad Limitada. El Ejecutivo busca con este […]
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| 05 jul 2022
El Congreso de los Diputados ha aprobado –261 votos a favor, 76 abstenciones y dos en contra– el proyecto de Ley de Creación y Crecimiento de Empresas, conocido como la Ley ‘Crea y Crece’, con el que el Gobierno busca mejorar las condiciones para la creación de Sociedades de Responsabilidad Limitada. El Ejecutivo busca con este texto facilitar la expansión del tejido empresarial y mejorar el clima de negocio en todo el territorio nacional, según ha explicado la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño.
Entre los incentivos que se introducen con esta normativa, destaca el poder crear una sociedad con un capital inicial de un euro. Así, el texto legislativo pasa al Senado, donde continuará su tramitación parlamentaria.
Entre las modificaciones que plantea el texto legal, sobresale la posibilidad de crear una sociedad con tan solo un euro de capital inicial. Los 3.000 euros que se exigen en la actualidad tendrán que ser aportados a través de una reserva legal, donde el emprendedor deberá depositar el 20% de los beneficios de la empresa desde su creación hasta que llegue a tal cantidad.
Además, esta propuesta reduce los trámites para la creación de una compañía. Así, quien lo desee podrá crear una empresa en el Centro de Información y Red de Creación de Empresas (CIRCE), que también permitirá a los interesados realizar otros trámites necesarios en la fase incipiente de constitución del negocio. A través de esta iniciativa, el Ejecutivo busca simplificar y acortar los plazos, además de reducir costes, para montar una compañía. Otra manera con la que el Gobierno busca hacer más fácil la creación de una empresa es ampliando las actividades que no requieren de licencia –todas aquellas que se consideren inocuas al menos en una Comunidad Autónoma, como las comerciales o las de prestación de servicios–.
El proyecto de ley también aporta novedades sobre el papel de los notarios, que no podrán rechazar ningún trámite necesario para la creación de empresas que ya hayan iniciado los trámites a través del Documento Único Electrónico (DUE) o del CIRCE. También se obliga a estos a estar registrados en la Agencia Electrónica Notarial.
Otro de los ámbitos que este proyecto legislativo busca mejorar es el de la morosidad. Se exigirá factura electrónica en todas las transacciones comerciales y será obligatorio remitirla. Además, aquellas compañías que no paguen a tiempo no podrán acceder a los fondos o ser entidad colaboradora.
Para fiscalizar la aplicación de estas medidas, el Gobierno creará el Observatorio Estatal de la Morosidad Privada en los primeros seis meses desde la aprobación definitiva de la Ley, que estará integrado dentro del Consejo Estatal de la PYME y se encragará de vigilar los plazos de los pagos y los índices de morosidad en las operaciones comerciales. Este nuevo organismo publicará un listado con aquellas empresas con más de 600.000 euros de pagos pendientes o más de un 5% de sus facturas fuera de plazo. Además, el Ejecutivo desarrollará campañas de concienciación para reducir este fenómeno.
Por último, en relación a la financiación, se adapta la normativa española a la comunitaria en relación al crowfunding, ampliando las posibilidades que tiene este tipo de empresas de operar en la Unión Europea.
