La aprobación de la Comisión Europea el pasado junio para que España, junto a Portugal, limitaran el precio del gas no está dando los frutos que esperaban. La crisis energética impulsada por el estallido de la guerra ucraniana dio a luz la conocida como ‘excepción ibérica’ cuyo objetivo era frenar las secuelas económicas, resultado de […]
InternacionalDirigentes Digital
| 10 oct 2022
La aprobación de la Comisión Europea el pasado junio para que España, junto a Portugal, limitaran el precio del gas no está dando los frutos que esperaban. La crisis energética impulsada por el estallido de la guerra ucraniana dio a luz la conocida como ‘excepción ibérica’ cuyo objetivo era frenar las secuelas económicas, resultado de la crisis energética.
La autorización por parte de Bruselas a los dos países de la Península Ibérica se hacía efectiva desde el pasado mes de junio y hasta el 31 de mayo de 2023. Una medida que, en palabras de Pedro Sánchez, “no supone subvencionar el gas”, pero ¿está siendo un plan tan beneficioso como se prometía?
Delimitar el precio del gas que se utiliza para la producción de electricidad en un primer momento parecía una tregua para las miles de pequeñas y medianas empresas que ven como sus facturas energéticas son cada vez más caras. A pesar de suponer un coste inferior al del resto de Europa, estableciendo el ejecutivo central un precio de 40-50 euros/MWh como tope, la compensación que en un principio sería para las gasistas, está siendo asumida por los consumidores.
Con el precio de la electricidad en máximos históricos (163,92 euros/MWh) y una crisis económica que afecta a la inmensa mayoría del país, este pago compensatorio del gas no está más que empeorando la situación, especialmente a pymes y autónomos. Pequeños empresarios, propietarios de establecimientos, que han visto como su factura eléctrica se ha duplicado desde que la ‘excepción ibérica’ se pusiera en marcha.
La Confederación Española de Pequeñas y Medianas Empresas (Cepyme) no ha sido la única asociación de empresarios que ha denunciado esta situación, declarando que esta compensación “está dejando fuera de mercado a muchas empresas que soportan una factura mucho más alta que otras empresas competidoras que no tienen la obligación de sufragar el mecanismo por ser clientes de otra comercializadora de electricidad”. Al igual que la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) que pone entre las cuerdas a miles de empresas que están asumiendo unas facturas el doble de caras que antes de la entrada en vigor del Real Decreto Ley 10/2022 que aprobaba la medida.
Desde el Gobierno de España se asegura que la compensación ya ha supuesto un ahorro de 2.600 millones de euros y una reducción del 86% en el recibo de la luz, recordando que el pago de los españoles por las facturas eléctricas es muy inferior al de otros países también pertenecientes a la Unión Europea. Aun así, las cuentas no salen y las pymes siguen luchando por mantener sus negocios a flote, asumiendo el sobrecoste de luz que la compensación gasística supone.
