Por el desperdicio alimentario, con o sin aprobación de ley

La Comisión Europea acaba de pedir a los Estados miembros que reduzcan, de aquí a 2030, el desperdicio de alimentos un 30% per cápita en restaurantes, supermercados y hogares y en un 10% en la fabricación y procesado, al tiempo que busca responsabilizar a los productores de textiles de cubrir los costes de gestión de sus residuos. Son medidas con las que Bruselas pretende fomentar la economía circular de alimentos y tejidos y que persigue reducir el desperdicio que generan estos sectores al tiempo que se fomenta el reciclado, lo que derivará también en una reducción de las emisiones.

Y no es para menos, teniendo en cuenta que la UE genera cada año cerca de 59 millones de toneladas de residuos alimentarios,131 kilos por habitante, lo que representa una pérdida estimada de 132.000 millones de euros, al tiempo que se desperdicia alrededor del 10% de todos los alimentos suministrados a supermercados, restaurantes, comedores u hospitales, entre otros.

Con este panorama sobre la mesa, la aprobación de la Ley de Pérdidas y Prevención contra el Desperdicio Alimentario en España marca un hito importante en la lucha contra el desperdicio de alimentos y tiene un impacto significativo tanto en la sociedad como en las empresas implicadas en la industria alimentaria. Desde una perspectiva social, esta ley representa un avance en la conciencia colectiva sobre la importancia de reducir el desperdicio de alimentos y promover modelos más sostenibles desde las instituciones. En un mundo donde millones de personas sufren de inseguridad alimentaria, no podemos permitirnos el lujo de desechar grandes cantidades de comida. Además, la situación se agrava aún más en España, donde más de 6 millones de personas padecen inseguridad alimentaria.

La ley demuestra el compromiso del gobierno y de la sociedad en abordar este problema de manera seria y efectiva, estableciendo la obligación para las empresas de tener planes de prevención para reducir el desperdicio alimentario. También las insta a donar sus excedentes alimentarios para que los alimentos puedan cumplir su único propósito fundamental: alimentar a las personas. Además, requiere que las administraciones públicas brinden apoyo y acompañamiento a las empresas en esta lucha.

Desde la perspectiva empresarial, la aprobación de esta ley representa una oportunidad para innovar y desarrollar soluciones tecnológicas que ayuden a reducir el desperdicio alimentario. Las empresas comprometidas con la seguridad alimentaria y la circularidad pueden aprovechar esta legislación para implementar prácticas más sostenibles en sus operaciones, lo que implica adoptar tecnologías de monitoreo y gestión de inventarios más eficientes, así como implementar procesos de producción más ajustados que eviten el exceso de producción y minimicen las pérdidas.

Además, esta ley fomenta la economía circular al enfatizar la necesidad de reducir, reutilizar y reciclar los residuos generados en la cadena alimentaria. Esto abre oportunidades para la creación de modelos de negocio basados en la transformación de subproductos y residuos en nuevos productos o en la generación de energía renovable.

La Ley de Pérdidas y Prevención contra el Desperdicio Alimentario en España representa un paso importante hacia una sociedad más inclusiva y sostenible. Tanto para la sociedad como para las empresas comprometidas con la seguridad alimentaria y la circularidad, esta legislación ofrece una oportunidad para impulsar la innovación, fortalecer la responsabilidad social y contribuir a la construcción de un mundo más justo y equitativo.

Sin embargo, el retraso en su entrada en vigor conlleva consecuencias significativas tanto para la sociedad como para las empresas. La paralización del proceso supone un obstáculo en la lucha contra el desperdicio de alimentos y la inseguridad alimentaria. Genera incertidumbre y dificulta la planificación y ejecución de los planes de prevención, dado que se desconocen los criterios reales que se exigirán. Esta indecisión puede desmotivar a muchas empresas y dificultar los esfuerzos por evitar el desperdicio de alimentos.

Además, la falta de un marco legal claro y la incertidumbre resultante pueden afectar negativamente las perspectivas de cambio y compromiso de las empresas. Muchas de ellas pueden no haber sido conscientes de la relevancia de esta problemática y podrían desestimar la importancia de implementar medidas para reducir el desperdicio alimentario, lo que desembocará en un estancamiento en los esfuerzos por evitar el desperdicio y a una disminución en la colaboración entre empresas y organizaciones sociales.

A pesar de estos desafíos y la perplejidad actual, es fundamental que las empresas tomen medidas proactivas para reducir el desperdicio de alimentos y promover prácticas sostenibles. De hecho, muchas, incluso cuando todavía no hay una ley sobre sus hombros, ya están trabajando en la implementación de tecnologías y procesos que reduzcan las pérdidas, optimicen la gestión de inventarios y promuevan la economía circular protegiendo la seguridad alimentaria de las personas.

Así, no hay duda de que representaría un avance significativo en la lucha contra el desperdicio de alimentos y promovería la sostenibilidad y la inclusión social. Aunque el retraso en su entrada en vigor plantea desafíos y genera incertidumbre, también puede servir como un llamado a la acción para todas las partes involucradas en la cadena alimentaria. La lucha contra el desperdicio de alimentos es una responsabilidad colectiva que requiere la participación activa de todos los actores involucrados.