El cálculo realizado por el Observatorio de Pensiones de Willis Towers Watson, en colaboración con la Universidad de Valencia y la Universidad de Extremadura, sobre el valor adelantado del Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) para el año 2021 con la información que proporciona la ejecución presupuestaria de la Seguridad Social tras el tercer trimestre de 2020, está lejos de ser alentador: se estima que se sitúe en el -2,36%, frente al de 2020, que se situó en un -1,65%.

Como señala Javier González Gugel, director de Desarrollo de Negocio de Retirement de Willis Towers Watson, “El análisis de este valor adelantado del IRP para 2021 tras la ejecución presupuestaria del tercer trimestre de 2020 muestra un notable empeoramiento de la situación financiera del sistema de pensiones español, rompiendo la tendencia de los 2 años anteriores.”

El valor adelantado del IRP en que se basa el análisis es un indicador que hace depender el sistema de revalorización de las pensiones públicas en España de las variables que realmente afectan al sistema y no sólo del Índice de Precios al Consumo (IPC). Se trata de una herramienta mucho más potente y realista que, por ejemplo, la evolución de las cotizaciones o el número de afiliados a la Seguridad Social, que son los que tradicionalmente se han utilizado.

Déficit estructural

Existen dos déficits del sistema de Seguridad Social a efectos de cálculo del IRP: el coyuntural y el estructural. El déficit estructural del sistema público de pensiones es un elemento especialmente a tener en cuenta, ya que es el que, en términos relativos, interviene en la fórmula del IRP de manera que, a mayor déficit menor IRP. Se puede obtener una versión simplificada del mismo a partir de los elementos que se utilizan para calcular el IRP; en concreto, se calcula como la diferencia entre ingresos y gastos medidos en media geométrica de 11 años centrada en cada uno de los años de cálculo.

El análisis de Willis Towers Watson muestra que, desde 2015, ha aumentado la cuantía del déficit estructural, pero cada vez menos porque se corrigiendo el déficit coyuntural desde 2017. Esto último es consecuencia de los buenos resultados que experimentaron las cotizaciones durante 2018 y 2019 y de las transferencias del Estado para apoyar el equilibrio presupuestario de la Seguridad Social, cifradas en 1.334 millones de euros en 2018 y en 1.934 millones de euros en 2019.

La crisis de 2020 se había compensado en el segundo trimestre del año con más transferencias del Estado, de manera que el déficit estructural había continuado creciendo menos. Pero, en el tercer trimestre, se han ralentizado estas transferencias y, tanto el déficit coyuntural como el estructural, han vuelto a crecer de forma importante.

El análisis muestra que con una transferencia adicional consolidada en los años siguientes similar a la del segundo trimestre de este año, de unos 14.500 millones de euros (de los cuales aproximadamente dos tercios fueron ingresos a efectos de cálculo del IRP y el resto para gastos no contributivos o por cese temporal que no forman parte del IRP), el IRP pasaría a ser positivo. Los expertos señalan también que en este punto hay que recordar que si el instrumento que se utilizara fuera, en lugar de transferencia, el del préstamo del Estado, no formaría parte del aumento de ingresos -al tratarse de una operación financiera- y se produciría un empeoramiento del IRP.

Es importante destacar que, aunque el IRP está todavía en vigor, su aplicación efectiva acabó en el ejercicio 2017. Las recomendaciones del Pacto de Toledo conocidas este tercer trimestre plantean la vuelta al IPC como indicador para revalorizar las pensiones, lo que significará la derogación del IRP.

Además, desde el Pacto de Toledo también se propone trasladar el déficit del sistema de pensiones al Estado, por lo que las medidas para equilibrar el sistema de pensiones quedarán insertadas dentro de las medidas para equilibrar las finanzas públicas en general. No obstante, desde el Observatorio de Pensiones de Willis Towers Watson se seguirá calculando el déficit contributivo ya el grupo de expertos de su Observatorio de Pensiones considera que los impuestos deberían servir para pagar gastos no contributivos, ligados a la solidaridad o justicia social, y no a pagar gastos contributivos, lo que llevaría, en última instancia, a un sistema fiscal más regresivo.

¿Qué consecuencias se pueden prever de la crisis de la Covid-19?

La comparación entre el resultado de los dos últimos trimestres conocidos de 2020 refleja que el valor del IRP depende de decisiones de política económica, como la transferencia extraordinaria de recursos provenientes del presupuesto general hacia el sistema de pensiones. A nivel metodológico, no obstante, no toda la transferencia se asigna al sistema contributivo, ya que se excluye la parte que va a financiar los gastos no contributivos y por cese temporal de autónomos, muy importante en estos meses de pandemia.

Aun así, la parte de las transferencias que se consideran ingresos a efectos del IRP crecieron mucho en el segundo trimestre y se han estabilizado en el tercero. Como estas transferencias se asume que se consolidan en el futuro, afectan de forma importante al valor del IRP, empeorando del -1,72% en el segundo trimestre hasta el -2,36% en el tercero.

En la parte de gastos, el Observatorio ve que los efectos son de una disminución del crecimiento del número de pensiones y, en menor medida, del efecto sustitución, redundando ambos en una mejora del IRP.

Teniendo en cuenta todos los efectos, suele ser siempre más sensible a las crisis la parte de ingresos, donde se espera un mayor efecto que en la de gastos, donde, a lo sumo, se producirá un crecimiento algo menor. Por tanto, en la medida en que se produzcan nuevas transferencias del Estado, su valor puede mantenerse o mejorar, pero si se deja evolucionar el sistema sin aportaciones extraordinarias, la caída de cotizaciones impulsará el IRP a valores más negativos, como consecuencia del empeoramiento de la salud financiera del sistema.