En España cobran pensiones contributivas 8,7 millones de personas, que se reparten un total de 9,5 millones de pensiones. La cuantía media de las pensiones alcanzaba a principios de febrero los 932,29 euros, según los datos de la Seguridad Social. Esta cantidad incluye todo tipo de subsidios, los de incapacidad permanente, jubilación, viudedad, orfandad y favor familiar. Si atendemos en exclusiva a las pensiones de jubilación, España paga un total de 5,88 millones de pensiones, por un importe de 1.077,01 euros de media a principios de febrero de este año. La preocupación de los jubilados tiene que ver con los efectos de las recientes reformas y las que se pretenden aplicar, en concreto el llamado Factor de Sostenibilidad.

La consecuencia que ya puede constatarse es la pérdida de valor de las pensiones de alta en el Sistema de Seguridad Social. Mientras que en el año 2016 la pensión de alta media alcanzaba los 1.062,36 euros mensuales, a finales de 2017 esa cantidad se redujo a 1.057,69 euros, a consecuencia de la última reforma que amplió los años de cotización con los que se calculan las pensiones. A pesar de ese dato, no se trata de una tendencia consolidada, ya que la pensión media de alta en enero alcanzó los 1.090,98 euros.

El factor de sostenibilidad

Si a día de hoy los subsidios de jubilación ya se deterioran, el Factor de Sostenibilidad que entre en vigor en 2019 podría significar un paso más en su depreciación. El fundamento de esta nueva forma de calcular las pensiones es tener en cuenta el envejecimiento de la población y su mayor esperanza de vida. De hecho, el cálculo se realizará tomando como referencia la esperanza de vida en el periodo entre 2013 y 2017.

El Instituto BBVA de pensiones prevé que según esta variable el descuento rondaría el 0,47%, por lo que una pensión que en 2018 alcance 1.000 euros mensuales se reduciría a los 995,3 euros si se calcula con las condiciones de 2019. Por otra parte, la subida de las pensiones queda supeditada a una segunda cuestión: la salud de las arcas públicas. Esto significa que las pensiones solo subirían si los ingresos del sistema crecen en una tasa superior al crecimiento del número de pensiones. Es una fórmula que se aplica en Alemania, Austria o Portugal.

El propio presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, afirma que todos los países de nuestro entorno reforman sus pensiones “para tener en cuenta que vivimos más años y nacen menos niños”. Así, el Factor de Sostenibilidad trata de mantener la cuantía de las pensiones durante más tiempo.

Envejecimiento de la población

A pesar de que desde 2014 las pensiones de todos los regímenes se revalorizan anualmente un 0,25%, en 2017 se incrementó el gasto en pensiones un 3% con respecto a 2016. Esta es la consecuencia de que cada vez hay un número mayor de pensionistas, además de que cuentan con pensiones iniciales más elevadas. Tomando como referencia 2005, el gasto en pensiones casi se ha duplicado, desde los 68.747 millones, hasta los 122.171 millones de euros de 2017. Son medidas que tienen que ver con el gasto, y que frenan la problemática del envejecimiento.

En la otra orilla, en la de los ingresos, la vía para equilibrar el sistema está en aumentar el número de ocupados. Las pérdidas de la Seguridad Social han tenido que ver con el aumento de los gastos y con la reducción de los ingresos que ha provocado la crisis. En los momentos más críticos, España ha registrado tasas de paro que han llegado a alcanzar el 26,94% en el primer trimestre de 2013, con 6,2 millones de personas desempleadas según la EPA.

En los últimos tres años se han creado 1,715 millones de puestos de trabajo, lo que refuerza la gran confianza del ejecutivo en que se alcancen los 20 millones de ocupados en 2019, lo que supondría que España tendría que crear algo más de medio millón de puestos de trabajo cada año. Sin embargo, España solo ha registrado una cifra de ocupados superior a los 20 millones de personas durante 10 trimestres, desde el tercer trimestre de 2006 hasta el cuarto trimestre de 2008.

Rajoy cree que “si se mantiene una política de creación de más y mejor empleo, volverá el equilibrio”. Contando con que se cumplen las previsiones del Ejecutivo, quedaría un aspecto al que apuntan diversas organizaciones: los salarios. El aumento del número de personas trabajando tiene un impacto menor si los salarios y, por ende, las cotizaciones, son bajas.

Un informe reciente de Fedea afirma que “la fuerte desaceleración del crecimiento de la productividad y por tanto de los salarios reales, que han tendido al estancamiento en las últimas décadas” ha tenido mucho que ver con el deterioro de la situación financiera del sistema de pensiones. En parte, este desgaste se ha compensado “por una mejora de la tasa de ocupación” propiciada por la incorporación de la mujer al mercado laboral, así como por la “reducción de la generosidad de las normas de cálculo de la pensión”.

Patronal y sindicatos

La postura de los diferentes agentes sociales es muy distinta. Va desde la confianza del sector empresarial hasta la intranquilidad de las uniones de trabajadores. El presidente de la CEOE, Juan Rosell, ha declarado que España puede superar estos momentos de dificultad y que el sistema de pensiones es resistente: “Si hemos aguantado en los años de la crisis, en estos momentos que estamos en crecimiento y creación de empleo, no digo que sea más fácil, pero que podemos hacerlo sin duda alguna”.

Con respecto a las subidas de las pensiones, cree que dependerá de las opciones que permitan los recursos. "Todos querríamos que fueran más altas. No hace falta que lo pongamos a votación, estamos todos absolutamente de acuerdo, lo que tenemos que ver es qué posibilidades tenemos” razona Rosell. Enfrente de la mesa se encuentran los sindicatos, que se oponen a las reformas que propone el Gobierno.

Su postura se fundamenta en el respeto del Pacto de Toledo, ya que la subida del 0,25%, en opinión de CCOO, “produce una pérdida muy importante” del poder adquisitivo. Además, creen que la verdadera intención del gobierno “no es hacer más sostenible el sistema”, sino proyectar las pensiones privadas. Desde USO, calculan que si el gasto en pensiones en 2017 alcanzó los 122.171 millones de euros, una subida acorde con el aumento del IPC conllevaría un gasto adicional de 1.343 millones de euros, en comparación con los 305 millones que supone la revalorización del 0,25%. Según el criterio del sindicato el gasto de una subida en base al IPC “podría ser perfectamente asumido” por los Presupuestos Generales del Estado.

Alternativas

En los últimos meses se han escuchado propuestas de todo tipo que supondrían un parche para la situación. Las organizaciones de izquierdas solicitan una subida de los salarios que aumente los ingresos y reajuste el sistema, así como la imposición de tasas a los bancos que sufraguen los gastos de la Seguridad Social, mientras que desde otros ámbitos se apuesta por el retraso de la edad de jubilación o la reducción de los porcentajes de pensión que se reciben con el periodo mínimo de cotización para incentivar el aplazo de la jubilación.

Ese es el punto de vista del Banco de España, que coincide con los planteamientos del Fondo Monetario Internacional. La alternativa que propone el Banco de España está relacionada con la utilización de otros impuestos que financien el gasto en pensiones, aunque apunta que “el tipo impositivo de las cotizaciones sociales no puede ser muy superior a lo que ya es”.

Como propuestas adicionales, el Banco de España sugiere mantener como pensiones contributivas estrictamente las pensiones de jubilación. De esa forma, el resto, como las de viudedad y orfandad, se financiarían con impuestos generales que estarían aparte de la Seguridad Social. Además, el presidente de la entidad, Luís María Linde ha recomendado que el ahorro debe considerarse una vía más de obtener ingresos de cara a la jubilación.