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Hacia una nueva fiscalidad con consecuencias para ahorradores e inversores

El gobierno está llevando a cabo una reforma de la fiscalidad en España. Los nuevos Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2021, recientemente aprobados, incorpora modificaciones en la fiscalidad de los Planes de Pensiones y también en la de las empresas SOCIMIs, algo que desde el sector se ve como una pérdida de oportunidades para la economía española.

19 DE enero DE 2021. 08:30H Alejandra Gómez

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El cambio en los Planes de Pensiones Individuales

Con la norma que se aplicaba hasta ahora nuestra fiscalidad, se podía insertar hasta 8.000 euros anuales a un Plan de Pensiones Individual y descontarse ese importe del IRPF, por lo que el ahorro de impuestos podía llegar a los 3.600 euros anuales. Además, en esos 8.000 euros quedaba incluida la aportación al plan de pensiones de la empresa. Con la nueva propuesta de legislación, esa cantidad pasa de los 8.000 a los 2.000 euros para deducciones en el IRPF en el caso de los Planes individuales. A cambio, se fomentan los de empresa, que pasan de los 8.000 a 10.000 euros. Así, para exprimir al máximo el beneficio fiscal en 2021 habría que aportar 2.000 euros al plan privado y otros 8.000 euros al de empresa. 

La motivación manifiesta del ejecutivo, además del ahorro que supone para 2022 en las arcas públicas, es que la anterior tributación de los Planes de Pensiones, era más beneficiosa para las rentas altas. Desde la Asociación de instituciones de inversión colectiva y fondos de pensión (INVERCO) aclaran: “Incorpora dos modificaciones: una positiva, pero de desarrollo lento como es la promoción pública de los Fondos de Pensiones de Empleo, y otra negativa de efecto inmediato que reduce drásticamente (en un 75%) el límite de aportación anual a Planes individuales (de 8.000 a 2.000 euros), y también reduce las aportaciones a cónyuges (desde 2.500 a 1.000 euros)”.

“Los Planes de Pensiones Individuales siguen siendo necesarios”

Expertos en ahorro privado advierten sobre los efectos negativos que puede acarrear este cambio. “Si se reduce de forma drástica el límite de aportación anual, sin vincular dicha reducción a un desarrollo efectivo del sistema de empleo, más del 20% de los casi tres millones de partícipes que anualmente aportan tendrían que reducir sustancialmente las mismas a Planes Individuales, sin poder compensarlas con aportaciones a Planes de Empresa”, comenta el presidente de INVERCO, Ángel Martínez-Aldama. 

Insisten en que los Planes de Pensiones Individuales siguen siendo necesarios para todos los trabajadores, que cuya empresa no tenga constituido un Plan de empleo o, de tenerlo, que el nivel de aportaciones de la empresa sea bajo. 

Hay determinados colectivos, para los que un Plan de Pensiones Individual es imprescindible, según Mártínez-Aldama, y cita concretamente a los autónomos, que suponen el 16% de los trabajadores en España, y que son vulnerables porque sus cotizaciones a la Seguridad Social son sobre la base mínima. “También para los trabajadores temporales, que son 27%, y los trabajadores a tiempo parcial, un 14%, que eventualmente podrían ser partícipes de un PPE, pero sus acumulaciones serían muy reducidas”, comenta. El mayor perjuicio es para los trabajadores, que pudiendo y queriendo ahorrar más de 2.000 euros anuales, se les priva de esta opción sin darles posibilidad de compensarlo en el Plan de empleo”, añade. 

Los principales riesgos de la nueva fiscalizad para los ahorradores

Aunque la iniciativa de reforzar los Planes de empresa es positiva (siendo la primera vez en 30 años que se hace una propuesta en este sentido), existen riesgos claros”, indica el presidente de INVERCO: “en especial, el riesgo de no regulación posterior, quedándose esta propuesta en mera declaración de intenciones.” Por otra parte, también está el riesgo de la escasa incorporación de empresas/trabajadores por el entorno económico de los años que vienen debido al carácter voluntario de la propuesta, que no contempla incentivos fiscales. 

INVERCO informó el pasado 18 de noviembre junto a la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) y la Asociación Empresarial del Seguro (UNESPA), su rechazo a este cambio de fiscalidad que, consideran perjudica a los ahorradores individuales. “Debe mantenerse el tratamiento actual de los instrumentos individuales de ahorro individuales de previsión social complementaria” y aclaraban: “la encomiable intención del Gobierno de impulsar la previsión social complementaria en el ámbito empresarial en España no debe realizarse a costa del ahorro que destinan por su cuenta los particulares a reforzar su futura pensión”. 

“La realidad es que el único sistema de Planes que ha alcanzado cierto grado de desarrollo es el Individual (77.500 millones de euros, más 800 millones de Planes asociados, y 7,5 millones de participes, de los cuales 3 millones aportan anualmente), a pesar de haberse visto penalizado por reducciones fiscales y de estar a la cola de la OCDE en beneficios fiscales”, exponen desde INVERCO. 

Además aseguran que la negociación colectiva ha sido insuficiente para desarrollar los Planes de empresa. “Los incentivos fiscales a las empresas se han eliminado: la deducción en cuota del 10% en el Impuesto sobre Sociedades (2006) e incorporación de las aportaciones en la base de cotización de la Seg. Social (2013)”, comenta Ángel Martínez-Aldama, apuntando que los incentivos fiscales a los trabajadores se han reducido con menores límites de aportación y mayor tributación en prestaciones en forma de capital, también en los Planes de Pensiones Individuales. 

Nueva fiscalidad para las SOCIMIs

Los PGE de 2021 también incluyen una normativa muy debatida de cara a las inversiones. Toca de lleno a las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión Inmobiliaria (SOCIMI), que tendrán, según esta norma, una tributación mínima del 15%. Se trata de una tributación que aplicará sobre los beneficios no distribuidos y que actualmente son del 20% de sus totales. Eso sí, a día de hoy con la anterior normativa, estas empresas ya estaban obligadas a distribuir al menos el 80% de los beneficios. “La novedad sería que las SOCIMIs tendrían que tributar por el 15% sobre aquella porción del beneficio que no repartan vía dividendo”, explica Ismael de la Cruz, de Investing.

Qué va a suponer el cambio de fiscalidad para las SOCIMIs

Se trata de un duro golpe para estas cotizadas que, aunque muchos consideran que tenían un régimen fiscal ventajoso y su tipo de impuesto sobre asociaciones es del 0% para las que cumplan ciertos requisitos, lo cierto es que expertos consideran que se trata de una medida únicamente “de cara a la galería”. “No afectará a las grandes compañías, sólo a las pequeñas […] Entre las 8 mayores SOCIMIs hay 6 que reparten el 100% de los beneficios, de manera que este cambio de fiscalidad no les afectará lo más mínimo”, escriben desde Investing. “Serán principalmente las SOCIMIs más pequeñas las que tengan que soportar la nueva carga fiscal y aun así se espera recaudar unos 25 millones de euros en 2022”, concreta el experto. 

Desde Real Estate Business School (Rebs) aclaran que todo lo que suponga un incremento de la presión fiscal sobre la inversión, actúa de forma inversa, y la reduce, por lo que el empleo y el consumo se ve mermado: “Se invierte menos para construir y se intenta subir alquileres, si el mercado lo admite, para no perder rentabilidad, ante la subida impositiva”. Por su parte, desde Árima Real Estate SOCIMI S.A, recuerdan que con la fiscalidad que se tenía hasta ahora actualmente, no quiere decir que estas empresas no pagaran sus impuestos, “porque el inversor de las SOCIMIs los paga a través de los dividendos”, señalan, poniendo el foco en que el daño de este cambio es fundamentalmente reputacional.

Rentabilidad e inversión extranjera

Las ventajas fiscales de las SOCIMIs han conseguido que hasta la fecha y según Rebs, “haya aumentando constantemente la inversión extranjera en el sector inmobiliario, con rentabilidades superiores a otros países”, por lo que aclaran que este cambio va a afectar a esa inversión de fuera de nuestras fronteras, “al menos hasta que la subida de los alquileres o bajada de precios de los activos inmobiliarios, compense dicha subida fiscal”. 

Árima considera que este cambio sí que les supone una desventaja frente a otras SOCIMIs fuera de España y precisamente apuntan que el principal riesgo es que los inversores elijan invertir en otra SOCIMI europea. “Han sido las SOCIMIs las que han democratizado el acceso a la inversión en el sector inmobiliario de cualquier pequeño inversor”, defienden y agregan: “El cambio pone claramente en desventaja la capacidad de las SOCIMIs españolas para atraer capital frente a otros vehículos extranjeros”, algo señalan, que perjudica la economía española por ser un vehículo de inversión y ahorro y un apoyo importante para la reactivación de la economía.

Inversión actual en SOCIMIs

Con estas idas y venidas de legislación, no es de extrañar que las inversiones en SOCIMIs estén a día de hoy bastante paralizadas. “Los anuncios de un cambio fiscal negativo es como la vacuna que no llega”, consideran desde Rebs

Desde Investing apuntan a que Colonial, que cotiza en el Ibex 35, vio reducido su beneficio neto hasta septiembre y durante este 2020 pero aumentó un 8% gracias al ahorro en gastos financieros. Eso sí, si comparamos su beneficio neto de este año con los 393 millones del año pasado, vemos que los ha reducido un 98%. 

Por otra parte, Árima Real Estate, que cotiza en el Mercado continuo, ha registrado un beneficio neto de 2,4 millones de euros en los nueve primeros meses del año, lo que supone un descenso del 84% respecto al mismo periodo del año anterior debido al incremento de los costes generales y los financieros. “Formó un fuerte soporte el pasado mes de marzo y fue tocado en el presente mes de noviembre, logrando esquivar males mayores y rebotando al alza de momento un +12,63%”. 

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