La reforma fiscal sobre los planes de pensiones aprobada por el Gobierno está afectando de manera negativa en los planes de pensiones, que están viendo reducir fuertemente las aportaciones que hacen los partícipes. Según, Ángel Martínez-Aldama, presidente de Inverco, el camino tomado no resulta el más acertado. ¿Cuál es la actual situación de los planes […]
| 14 nov 2021
La reforma fiscal sobre los planes de pensiones aprobada por el Gobierno está afectando de manera negativa en los planes de pensiones, que están viendo reducir fuertemente las aportaciones que hacen los partícipes. Según, Ángel Martínez-Aldama, presidente de Inverco, el camino tomado no resulta el más acertado.
La reforma fiscal del año pasado supuso una reducción drástica en el límite de aportación a Planes individuales (un 75% de disminución) y está afectando de forma muy negativa a las aportaciones de los ahorradores a estos planes de pensiones.
Hasta septiembre, las aportaciones a Planes individuales han disminuido un 22% respecto al mismo período del año anterior (1.578 millones en 2021 frente a los 2.028 del año anterior), y a final de año la reducción será previsiblemente muy superior, ya que gran parte de las aportaciones se produce en el último trimestre. Nuestra estimación es una rebaja en torno al 35% a final de año. En resumen, la reforma fiscal de 2021 va a reducir una tercera parte el importe que los ahorradores emplean de forma anual para complementar su jubilación.
En esta situación, la opinión es claramente negativa respecto a la reforma: limitar el ahorro individual para la jubilación cuando existe gran incertidumbre respecto a la evolución de las pensiones públicas, no parece lo más adecuado. De hecho, fomentar el sistema de planes de empleo (como se está barajando en la actualidad) es una medida muy aplaudida en el sector, pero siempre y cuando no sea a costa de los Planes individuales, ya que, entre otras cosas, hay colectivos muy numerosos que por su situación laboral no pueden acceder a los Planes de empresa.
Además, antes de plantearse la reducción de los estímulos fiscales a los Planes Individuales, debe aprobarse y ponerse en marcha la Ley que desarrolle los Planes de empleo, lo que no se ha hecho y que deja a los ahorradores sin este vehículo de ahorro para la jubilación.
La realidad demográfica de la sociedad española, con una longevidad creciente, va a exigir tarde o temprano una revisión profunda del sistema público de pensiones, ya que no se va a poder mantener el nivel de prestaciones actual. Por eso, los Planes de Pensiones van a ser imprescindibles como complemento a la pensión pública, manteniendo en la medida de lo posible el mismo nivel de vida o similar al de nuestra etapa laboral.
En la mayoría de países desarrollados, la fiscalidad de los Planes de Pensiones es mucho más favorable que en España, y así lo ha advertido la OCDE, que considera imprescindible incentivar a los Planes de Pensiones en base a estímulos fiscales suficientes. En resumen, es fundamental dotar a este instrumento de un atractivo fiscal que fomente su contratación, y no reducirlo como es el caso.
El primer objetivo que persigue la inversión en Planes de Pensiones o en Fondos de Inversión es compensar el efecto negativo que produce la inflación, y por eso es tan necesario invertir nuestros ahorros: para al menos mantener nuestro poder adquisitivo.
En este sentido, la previsión que están manejando la mayoría de organismos es un escenario inflacionista al menos en el corto plazo que puede llegar a erosionar nuestros ahorros si lo dejamos inmovilizado. Y aquí entran tanto los Fondos de Inversión como los Planes de Pensiones: ambos son como instrumentos óptimos de inversión para mantener el poder adquisitivo de nuestro ahorro.
Las restricciones al crédito que generó la crisis de 2008, y más en concreto la posterior crisis de deuda en España, permitió a los hogares españoles iniciar la senda del desapalancamiento que ha continuado hasta nuestros días. Por una parte, un mayor control del crédito por parte de las entidades financieras, y por otra, un menor apetito inmobiliario por parte de los hogares, ha derivado en una corrección de su endeudamiento desde los máximos marcados en 2007, en plena burbuja inmobiliaria.
En un entorno de envejecimiento de la población, la sostenibilidad del sistema público de pensiones es el gran reto de las sociedades desarrolladas. Cualquier reforma que intente ajustar la pensión pública para hacerla más sostenible resulta necesaria. En este aspecto aparecen varias consideraciones como el número de años que se incluyen para el cálculo, el desincentivar las jubilaciones anticipadas, el fomento de la ampliación de la vida laboral o la inclusión de factores de equidad intergeneracional, dado que la esperanza de vida, y por lo tanto, el número de años en los que vamos a cobrar pensión, es muy superior en la actualidad que el de hace unos años.
Pero el aspecto más relevante, es el de facilitar e incentivar el desarrollo de Fondos de Pensiones que complementen a la pensión pública, dado que inevitablemente ésta no va a poder mantener el nivel de prestaciones actual. Y desgraciadamente, la decisión de limitar las aportaciones a los Planes de Pensiones Individuales va en la dirección contraria.
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