Desde que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa en 2018 la creación de un Impuesto a las Transacciones Financieras, más conocido como Tasa Tobin, siempre ha estado presente. Aunque todavía no ha sido aprobado, el Congreso de los Diputados ya ha avalado el trámite parlamentario, pese a la oposición del PP, Ciudadanos y Vox. Esto supone que se siguen dando pasos hacia adelante en la creación de esta nueva figura fiscal que grava con un 0,2% la compra de acciones de empresas españolas cotizadas que superen los 1.000 millones de capitalización bursátil, y con otro 0,2% la venta de las mismas. Es decir, el coste a la hora de invertir en una compañía española subirá en un 0,4%.

El objetivo del Ejecutivo es conseguir una recaudación de 850 millones de euros anualmente gracias a esta nueva figura fiscal. En principio, serán los intermediarios los encargados de abonar el impuesto, pero el coste es más que probable que se traslade a los inversores en forma de comisión. Además, también bajará el volumen de transacciones financieras del mercado español. La negociación se contrajo en 2019 por cuarto ejercicio consecutivo: bajó un 18%, hasta los 469.626 millones de euros, según datos de BME, muy lejos del billón que se alcanzó por última vez en 2010.

El Gobierno justifica la creación de esta tasa señalando que es un freno contra la especulación del mercado. Pero, lo cierto es que la volatilidad es mucho mayor en las empresas valoradas en menos de 1.000 millones de euros, que en las que superan este nivel de capitalización.

Por tanto, la Tasa Tobin encarecerá la inversión en las empresas españolas independientemente de que el inversor sea residente o no en España y reducirá el volumen de negociación y la liquidez del mercado. Pero no solo eso, según Ángel Martínez-Aldama, presidente de Inverco, este tributo hará perder 7,4% del patrimonio de los fondos de inversión y un 5,6% de los planes de pensiones en los próximos 25 años. Además, catalogó a esta figura fiscal como “un impuesto a la inversión en empresas españolas” y advirtió que de implantarse este tributo debería ser igual al aplicado en Francia e Italia o bien “crear una tasa común en Europa para que no haya países perjudicados”.