En pleno debate sobre los cambios que se deben acometer en el sistema público de pensiones en España, para asegurar su sostenibilidad ante los cambios demográficos, sociales y económicos que ha experimentado nuestro país en los últimos años, EFPA España ha elaborado un documento que recoge algunos de los sistemas de pensiones que mejor funcionan […]
| 29 nov 2021
En pleno debate sobre los cambios que se deben acometer en el sistema público de pensiones en España, para asegurar su sostenibilidad ante los cambios demográficos, sociales y económicos que ha experimentado nuestro país en los últimos años, EFPA España ha elaborado un documento que recoge algunos de los sistemas de pensiones que mejor funcionan en todo el mundo, facilitando así que los contribuyentes puedan disfrutar de su jubilación manteniendo el poder adquisitivo de su vida laboral. Modelos que cuentan con algunos elementos que pueden servir de ejemplo para mejorar y actualizar el sistema de pensiones de nuestro país.
Aunque es la cuna de Lord Beveridge, uno de los impulsores de una gran Seguridad Social, la tradición liberal ha llevado a un paulatino descenso del peso del sistema público en la organización de las pensiones del Reino Unido. La flexibilidad y diversificación son dos de las palabras que podrían definir este sistema innovador que cuenta con multitud de instrumentos de previsión para su ejecución.
El sistema de pensiones del Reino Unido incluye un conjunto de ayudas sociales centrado en cubrir prestaciones muy básicas, partiendo de la idea de que el individuo es el principal impulsor de la planificación de su jubilación. Desde abril de 2016, la jubilación británica tiene tres niveles:
El modelo sueco, que ha sido el más citado por los expertos como sistema a imitar, prima la información al contribuyente, enviando un documento anual a los contribuyentes en un característico color naranja, donde se informa puntualmente a los ciudadanos sobre su pensión pública futura. Suecia abandonó hace tiempo la idea de que sólo el Estado debe hacerse cargo de la pensión de sus jubilados e informa de forma recurrente de la importancia de ahorrar mediante planes privados para poder disfrutar de una jubilación sin perder su nivel de vida anterior.
Suecia fue uno de los primeros países europeos que reformó su sistema de pensiones para crear la capitalización de las cuentas de cada ciudadano, basándose en la elección individual, el primero que adoptó el modelo de aportación definida e introdujo la demografía como factor a tener en cuenta para el cálculo de la cuantía de las pensiones.
El primer pilar es la pensión pública, financiada por las aportaciones de empresa y trabajador, sumando en total el 18,5% de su salario bruto, del que el 16% se va acumulando en una cuenta individual virtual (cuenta nocional) y el otro 2,5% del salario bruto del trabajador se asigna a un Fondo de Pensiones de gestión privada, libremente elegible por el trabajador, entre diferentes Fondos de Pensiones gestionados por entidades gestoras privadas en el mercado sueco.
El segundo pilar permite que más del 90% de los trabajadores suecos sean partícipes de algún plan de pensiones de empleo, una adhesión cuasi obligatoria, cuya estructura y condiciones dependen de la negociación colectiva entre sindicatos y organizaciones empresariales, mientras que el tercero, de carácter privado y voluntario, es de capitalización, gestionado por Fondos de Pensiones o compañías aseguradoras. Su crecimiento ha sido favorecido a través de incentivos fiscales y, aunque el primer pilar cubre a toda la población y el segundo a más del 90%, las aportaciones voluntarias a este sistema individual son realizadas por más de la mitad de la población.
Austria se basa en un sistema público de pensiones conocido internacionalmente como “mochila austríaca”, creado en 2003, basado en la aportación por parte de las compañías de un monto deducido del salario bruto del trabajador a un fondo de capitalización. Posteriormente, el gobierno autoriza su gestión por parte de los fondos de carácter privado.
La contribución por parte de la empresa al empleado de su salario bruto es del 1,53%, unos fondos que se acumulan en cuenta, exentos de impuestos y de los que puede hacer uso en caso de despido -por lo que no siempre cubre la necesidad de ahorro para la jubilación- como complemento a su pensión o al finalizar la vida laboral.
Además, el país austríaco cuenta con 14 pagas, con el objetivo de ayudar al más desfavorecido en los periodos de mayor gasto. Los trabajadores con menos ingresos y muchos años cotizados se benefician de este sistema.
Canadá plantea un sistema dual de pensión universal (no contributiva) y seguro social (contributiva), que ofrece la posibilidad de un reparto con reservas para la estabilización económica de la economía del país y de todos sus contribuyentes.
El sistema público de pensiones de Canadá cuenta con una cuantía de base fija, a la que se suma el porcentaje del capital obtenido por el trabajador durante su vida laboral. La principal característica del sistema de ingresos es que incluyen acuerdos obligatorios y voluntarios, en los que participan tanto particulares como gobierno, sindicatos y empresarios.
Existen tres tipos de prestaciones en el país canadiense, el Plan de Pensiones de Canadá (CPP), un plan de pensiones al que se cotiza mientras se trabaja, y que garantiza posteriormente un ingreso mensual durante la jubilación, el denominado Seguro de Vejez (OAS), financiado por el gobierno canadiense, y el Suplemento de Ingresos Garantizados (GIS), que complementa la OAS, con una prestación adicional no imponible.
Holanda es un país con un sistema de pensiones equilibrado, donde los jubilados reciben, aproximadamente, el 50% del ingreso del sistema público y un 30% de los sistemas de empresa. El sistema público de pensiones combina el modelo Beveridge, un primer nivel de protección de estilo escandinavo, con una pensión mínima equivalente al salario mínimo (unos 1.400 euros), con un segundo nivel obligatorio ligado a lo cotizado en el trabajo. Sin embargo, el gobierno holandés ha priorizado en los últimos años un cambio de modelo para la independencia de gestión de la jubilación.
El sistema público consta de un seguro universal financiado mayoritariamente a través de un sistema de reparto. Para poder acceder a este sistema, se debe haber vivido en el país entre los 15 y los 65 años de edad y haber cotizado durante ese periodo.
Por su parte, el sistema combina planes voluntarios con obligatorios. Las empresas no están obligadas a tener un plan de pensiones, pero suele surgir a partir de la negociación colectiva. De hecho, aproximadamente el 91% de los ciudadanos del país tiene uno de estos planes.
El sistema de jubilación australiano, conocido como ‘Superannuation’, que comenzó en los años 90, se caracteriza por su principio de capitalización, que establece el interés independiente de la financiación de su pensión. Gracias a este sistema, todos los ciudadanos cuentan de forma obligatoria con una retención de la nómina para su futura pensión, a cambio de obtener ciertas ventajas fiscales y ahorrar de manera voluntaria a través de otros productos.
El uso de la palabra “Superannuation” alude al pago mediante reembolso con la financiación de las prestaciones básicas o administrado por parte de las empresas.
Existen varias fórmulas de aportaciones, sin embargo, predomina la filosofía de la aportación definida. En ocasiones, estas cantidades son negociadas por la empresa en lo que se conoce como salary sacrifice – sacrificio salarial.
El sistema de pensiones chileno, que se configura como uno de los más asentados en América Latina, pasó del antiguo sistema de reparto clásico, en el que los jubilados recibían las aportaciones de los trabajadores activos de ese momento, a un sistema de capitalización individual. Este modelo de pensiones no goza de total libertad puesto que, de forma ineludible, todo trabajador debe aportar un mínimo del 10% de su salario, realizando este pago únicamente por las AFP (Administradoras de Fondos de Pensiones) autorizadas por el Estado. En 2008, el Gobierno chileno realizó una gran reforma, introduciendo el Pilar Solidario, financiado por el Estado y dirigido al 60% más pobre de la población, que nunca había cotizado o que recibía pensiones muy bajas, al haber contado en su vida laboral con sueldos muy bajos.
