El Gobierno de España introdujo una importante modificación en los Presupuesto Generales del Estado para 2021 que afectaba de manera directa a las desgravaciones que los partícipes podían hacerse de sus aportaciones a los planes de pensiones. Durante el curso pasado, la reducción pasó de los 8.000 euros en los planes de pensiones individuales a […]
| 26 abr 2022
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El Gobierno de España introdujo una importante modificación en los Presupuesto Generales del Estado para 2021 que afectaba de manera directa a las desgravaciones que los partícipes podían hacerse de sus aportaciones a los planes de pensiones. Durante el curso pasado, la reducción pasó de los 8.000 euros en los planes de pensiones individuales a los 2.000 euros. Esto suponía que los ahorradores solamente podían desgravarse de su declaración de la Renta 2.000 euros de todas sus aportaciones, frente a los 8.000 euros del 2020.
Pero, en 2022 el Gobierno ha hecho descender esa cifra aún más hasta llegar a los, como máximo, 1.500 euros anuales de aportaciones a un Plan de Pensiones Individuales para poder beneficiarse de esa tan deseada reducción del IRPF. El ejecutivo estaría tratando de esta forma de fomentar los planes de pensiones privados colectivos, pero castigando el ahorro privado con un instrumento del que no se puede recuperar el dinero hasta 2025, diez años después de la primera aportación.
“Los planes de pensiones individuales sí se han desincentivado, en cambio lo que se está ahora buscando los planes colectivos, los planes de empresa, que esto junto con la aportación conjunta del trabajador, se mantiene en los 8.000 euros anteriores”, señala José María Mollinedo, el Secretario general de los Técnicos de Hacienda (Gestha).
Sin embargo, los inversores no valoran tan positivamente esta reforma efectuada por el Ejecutivo. Y es que, la mitad de los ahorradores españoles (48%) tiene una opinión negativa o muy negativa sobre las sucesivas reducciones en el límite desgravable a Planes de Pensiones Individuales, que han pasado de 8.000 euros en 2020, a 2.000 euros en 2021 y a 1.500 euros, desde enero de 2022, según muestran los resultados de la Encuesta presentada por el Observatorio Inverco y realizada por Front Query entre más de 1.400 ahorradores e inversores particulares. Por el contrario, apenas un 6% de los consultados considera positiva esta medida.
Conforme aumenta la edad de los encuestados y, con ello, el interés por asegurarse su futuro financiero al terminar su vida laboral y la preocupación por el ahorro para la jubilación, aumenta también el rechazo a esta medida. En este escenario, el 61% de los ahorradores de entre 50 y 59 años tiene una opinión negativa o muy negativa sobre el nuevo límite de 1.500€ (el 53% en el caso de los mayores de 60 años), puesto que limita las opciones de ahorro. Por sexos, el porcentaje de entrevistados que se muestra en contra de esta reducción se eleva al 55% en el caso de los hombres, frente al 42% de las mujeres.
Un 29% de encuestados por el Observatorio Inverco asegura que, por el momento, no se ha formado una opinión sobre las reducciones del límite desgravable en las aportaciones a Planes de Pensiones, por lo que le resulta indiferente. Este porcentaje se concentra básicamente entre las generaciones más jóvenes (40% entre los menores de 30 años) y, por tanto, todavía con una carrera profesional muy larga por delante y con preocupaciones más inmediatas, como puede ser la obtención de un buen empleo o empezar a ahorrar para adquirir una vivienda o tener hijos.
Por su parte, Luis Ferruz, Catedrático de la Universidad de Zaragoza, analista economista y escritor considera la medida financiero-fiscal sobre los Planes de Pensiones Individuales como “un ataque sin precedentes al ahorro-previsión”, pues señala que elimina de manera brusca casi la totalidad de los incentivos fiscales en este contexto, algo que desestimula el ahorro y la inversión. Además, el experto destaca que, se pretende compensar con el impulso a planes de pensiones de empresa, pero explica que, lo más probable es que sólo queden favorecidas algunas grandes empresas que puedan permitírselo, tanto del sector público como del privado. “Los autónomos quedan también como grandes ignorados y perjudicados”, indica a su vez.
