El Real Decreto que será aprobado en la próximas semanas dará pleno poderes a Empleo para gestionar los cursos de formación a empleados y desempleados, hasta ahora estaban a cargo de los sindicatos y patronales. No solo perderán competencias también financiación.  Los cursos de formación reciben cada año más de 1.800 millones de euros, provenientes principalmente de la cuota de formación profesional de la nómina de los trabajadores, del Fondo Social Europeo y de las aportaciones de los Presupuestos Generales del Estado.

 

Unos 650 millones van directamente a parar a asociaciones empresariales para que las compañías impartan formación a sus trabajadores, más del 1.000 millones se transfieren a Comunidades Autónomas  que lo reparten bajo su criterio a sindicatos y empresas.

 

La ministra de Empleo, Fátima Báñez, se ha referido a la reforma para explicar que el Gobierno está negociando con los agentes sociales los términos de la misma y que se está cerca de un acuerdo. Pero lo cierto, es que se va a legislar por Real Decreto, por la vía rápida a través del Consejo de Ministros, y tanto sindicatos como patronal han manifestado su malestar públicamente, oponiéndose a la reforma. La responsable de Trabajo y el Ejecutivo pretenden poner coto a los escándalos de corrupción vinculados a los cursos de formación, donde el dinero no llegaba a los trabajadores como en el caso de los ERE o en la Comunidad de Madrid.

 

Sin embargo, Báñez quiere seguir contando con los sindicatos y empresarios en la formación de trabajadores pero sin que tengan acceso a gestionar la financiación. La última ronda de contacto les propuso participar como consultores en los cursos,  "porque son los que mejor identifican las necesidades del tejido productivo". A cambio, tendrán una financiación regular en los Presupuestos Generales.