Tras ser elegido por un escaso margen de dos votos, el presidente del gobierno tiene que enfrentar varios retos económicos. Según Alvise Lennkh, responsable de análisis soberano de Scope Ratings, “es poco probable que el Gobierno minoritario dirigido por el PSOE reduzca de forma significativa el déficit estructural y la deuda de España, mientras que la propuesta de derogación parcial de las anteriores reformas del mercado laboral y de las pensiones podría afectar negativamente al empleo y a la sostenibilidad del sistema de pensiones”.

Próximos presupuestos

Sacar adelante los próximos presupuestos generales será un punto crucial, algo que será esencial de cara a la calificación crediticia del país. Por lo pronto, la calificadora S&P tilda al nuevo gobierno de frágil y asegura que podría no cumplir con el objetivo de déficit público marcado por Bruselas, pese a que tanto PSOE como Unidas Podemos “han manifestado su compromiso de asegurar la estabilidad fiscal y reducir los niveles de déficit y deuda pública (esta última actualmente se sitúa en torno al 96% del PIB)”, como recuerdan desde Scope. No hay que olvidar que el déficit estructural de España sigue siendo el más alto de la zona euro, en torno al 3% del PIB.

El mercado espera una política que se centre en el aumento de los impuestos y el gasto público, así como en la derogación parcial de elementos importantes de las anteriores reformas del mercado laboral y de las pensiones. La intención pasa por “aumentar el impuesto sobre la renta para las personas que ganan más de 130.000 euros al año en dos puntos porcentuales y en cuatro puntos porcentuales para aquellos que ganan más de 300.000 euros, por lo que afectaría aproximadamente al 1% de los contribuyentes”, calcula Alvise Lennkh. 

Otra de las medidas que se esperan es la de un incremento del impuesto sobre las ganancias de capital para rentas de más de 140.000 euros: pasarían del 23 al 27%, mientras que “el impuesto de sociedades tendrá un nuevo mínimo del 15%, mientras que los bancos y las empresas de energía tendrán que pagar el 18%”, apuntan desde Scope. 

Mercado de trabajo

El pacto de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos prevé revocar algunos puntos de la última reforma laboral, tras haberse aumentado el salario mínimo a 900 euros en enero de 2019. Ahora se espera un nuevo aumento hasta 1.200 euros, algo que de aplicarse -explica Lennkh- “es probable que produzca una mayor rigidez del mercado de trabajo. A corto plazo, un salario mínimo más alto puede dar lugar a un impulso de la demanda interna, a través de un mayor consumo. Sin embargo, existe el riesgo de que, a medio plazo, estos importantes incrementos del salario mínimo no sean proporcionales a las ganancias de productividad de los trabajadores”. La posible derivada de esto es que las empresas -que tendrán que enfrentarse a costes laborales cada vez más elevados- opten por “dejar de contratar personal, especialmente cuando la economía se está ralentizando”.