A día de hoy, el mercado mundial de bonos verdes -bonos similares a los tradicionales que se usan para financiar proyectos que tienen beneficios ambientales-, se mueve en torno a los 662.000/672.000 millones de euros y se espera que crezca hasta el billón de euros para finales de 2021 y hasta los 2 billones al término de 2023, según los cálculos de NN Investment Partners. 

Detrás de esta clara tendencia al alza está el deseo de los inversores, que se ha tornado más patente en la actual crisis, por conformar carteras más ecológicas, con las que no solo conseguir un rendimiento financiero, sino también un impacto medioambiental. Pero no sólo eso, el impulso de los bonos verdes en Europa también irá a más de la mano de la regulación, con la implantación del estándar de Bonos Verdes de la UE, que podría convertirse en el patrón mundial para este tipo de activo. “En el pasado era considerado más un nicho de cartera pero nosotros ya lo vemos más como un complemento de la cartera”, explica Álvaro de Liniers, responsable de Desarrollo de Negocio para Iberia de la gestora holandesa.

Además, como motor adicional del mercado de bonos verdes, no hay que olvidar que los planes de la UE pasan por reservar más del 30% de su paquete de 750.000 millones de euros para proyectos financiados con emisiones verdes. Más allá del viejo continente, China ambiciona lograr la neutralidad de carbono para el año 2060, objetivo que estimula los bonos verdes y, en EE.UU. se observa una carrera por demostrar que se adoptan políticas sostenibles y responsables. Pero, ¿es verde todo lo que parece?

¿Es todo verde?

Ana Guzmán, directora de Impacto de Portocolom, reconoce que si hay mucho aumento de la demanda de bonos verdes y hay fondos que tienen ese mandato se pueden encontrar con que “o bajan el listón o se quedan sin activos donde invertir. El auge del mercado y que haya más emisiones es muy bueno pero lo que es preocupante es que todavía no hay una estandarización, una definición, una regulación muy específica”.

Es decir, llama la atención sobre el riesgo de que determinadas empresas aprovechen el auge de la sostenibilidad y el hecho de que es menor el coste de financiación a hora de emitir un bono verde frente a uno tradicional, unido a que les mejora los ratios de solvencia, pueden ser elegibles por el BCE y les supone de facto un lavado de cara. “Hay que tener cuidado porque estamos viendo demasiadas emisiones en las que no hay más en su prospecto que el uso de los fondos y algo muy heterogéneo”. 

En este sentido, desde NN IP también advierten de que los inversores “deben examinar las credenciales de los bonos verdes porque alrededor del 15% de las emisiones son de empresas involucradas en prácticas controvertidas que contravienen los estándares ambientales”.

Desde la gestora reconocen que “los criterios utilizados para evaluar proyectos o actividades ecológicas se están definiendo mejor e incluyen cada vez más opiniones independientes”, pero insisten en “solo alrededor del 85% de los bonos verdes merecen la etiqueta; el resto son emitidos por empresas que pueden usar las ganancias para proyectos amigables con el medio ambiente, pero que están involucradas en actividades que generan impactos negativos en otros lugares”. Y Álvaro de Liniers pone un ejemplo: “hay bonos verdes de aeropuertos y es algo que nosotros descartamos automáticamente en las carteras porque creemos que para que un bono sea realmente verde el emisor tiene que tener una mentalidad realmente verde en el centro de su negocio y los aeropuertos soportan de manera indirecta un número muy importante de emisiones de CO2”.

En definitiva, los inversores no deben confiar de manera ciega en la etiqueta verde de un emisor. Es necesario evaluar de forma exhaustiva las actividades de esa empresa, sus planes futuros y su intención de mejorar sus prácticas.