El Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) ha dejado claro que los fondos de inversión de la Unión Europea deben revisarse para sacarle el máximo partido al mercado único que caracteriza el bloque del viejo continente. La institución, independiente y creada para auditar las finanzas de la UE, se pronunció así en uno de sus informe […]
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| 01 mar 2022
El Tribunal de Cuentas Europeo (TCE) ha dejado claro que los fondos de inversión de la Unión Europea deben revisarse para sacarle el máximo partido al mercado único que caracteriza el bloque del viejo continente.
La institución, independiente y creada para auditar las finanzas de la UE, se pronunció así en uno de sus informe el pasado 21 de febrero, cuando señaló que si bien el espectro de los fondos de inversión asciende a 19 billones de euros en la zona, y se cuenta en el bloque con un marco para establecer un mercado único de fondos de inversión transfronterizo, que garantice en última instancia la protección de las inversiones de los ciudadanos, estos no están aprovechando el mercado único que les brinda la unión entre países.
Según cuenta el TCE en su comunicado, el mercado del viejo continente pretende eliminar las barreras transfronterizas al comercio para poder ofrecer así a los clientes más opciones y competencia. “El objetivo de un verdadero mercado único de fondos de inversión no se ha cumplido, y las actividades transfronterizas siguen siendo escasas”, indicaron sus auditores.
Y es que tal y como señala el estudio del TCE, aunque sector de los fondos paneuropeos, que nació en el año1985 y que es el segundo en importancia después del estadounidense, los fondos individuales de la UE siguen siendo más pequeños que sus equivalentes la potencia americana.
Según indican los auditores de la entidad, casi el 70% del mercado sigue concentrado en cuatro de los 27 Estados del bloque, como son Luxemburgo, Irlanda, Alemania y Francia, con escasa inversión transfronteriza.
“Los fondos siguen sin estar supervisados de forma coherente en todos los Estados miembros, la protección de los inversores sigue siendo escasa y los riesgos sistémicos no se controlan adecuadamente”, concretaron.
Según informó además Reuters, un portavoz de la Comisión Europea indicó que lamentaba que el TCE no reconociera plenamente los beneficios logrados del mercado único para los fondos de inversión.
El momento de la auditoría tampoco permitió evaluar los cambios recientes y las nuevas propuestas legislativas, incluidas las normas para eliminar los obstáculos, dijo el portavoz. “La UE cuenta con un sólido marco de regulación y supervisión de los fondos de inversión colectiva”, comentó la CE.
En el crítico informe del TCE, los auditores afirman que muchos de los beneficios esperados para los inversores, como la reducción de las comisiones y el aumento de las posibilidades de elección, aún no se han materializado, ya que los costes siguen siendo elevados y difíciles de comparar entre los países de la UE.
Según el informe del TCE, la UE también debería considerar la posibilidad de otorgar a su organismo de regulación y vigilancia de valores, la AEVM, el poder necesarios para obligar a los reguladores nacionales a supervisar el sector de los fondos de forma adecuada y coherente.
Para el organismo independiente de la UE, para sus auditores, esos beneficios del entorno inversor del bloque europeo siguen sin hacerse posibles en su totalidad debido a una serie de lo que catalogaron como insuficiencias persistentes.
Y es que ponen de manifiesto que en realidad, la actividad inversora transfronteriza sigue siendo escasa, pues en la mayoría de países de la UE, los fondos de inversión se comercializan principalmente en el mercado nacional.
Además, los auditores constataron que muchos de los beneficios esperados para el inversor, como unas comisiones más bajas y una mayor oferta que aún no se han materializado, pues los costes continuan siendo elevados y difieren significativamente de un Estado miembro a otro. Así, persisten algunas barreras de entrada al mercado, lo que significa que todavía no existe igualdad igualdad de condiciones.
Eso sí, los auditores también señalan que el Derecho de la UE no puede abordar determinadas cuestiones que afectan al mercado, como la fiscalidad, la demanda a nivel local y la manera en que los gestores de activos optan por comercializar sus fondos de inversión.
Los riesgos hacia los que todavía estarían “desprotegidos” los inversores en materia de inversión y que mencionan los auditores del TCE en su ensayo, son algunos tales como los costes indebidos derivados de prácticas de venta opacas, por ejemplo, o el asesoramiento sesgado de los intermediarios financieros para dirigir su atención a productos que no son adecuados a sus necesidades.
En este sentido, la entidad independiente resalta que también existe un problema de “greenwashing” o exageración de las credenciales de sostenibilidad por parte de las empresas o gestoras, fundamentalmente debido a que el etiquetado todavía no está regulado.
“Los auditores señalan que la etiqueta «ASG» para los fondos sostenibles desde el punto de vista medioambiental y social no está actualmente regulada y puede utilizarse indebidamente para vender productos que no cumplan unas estrictas normas éticas”, indica el comunicado.
Además, los expertos detectaron problemas de coherencia y eficacia en la supervisión de los fondos.
Para la entidad, la agencia de la UE responsable (ESMA) se ha esforzado por promover la convergencia de las prácticas de supervisión, lo que ha dado lugar a una ligera mejora de la supervisión y a un menor número de divergencias. “Sin embargo, como se basa en la buena voluntad de los supervisores nacionales y en lo dispuesta que esté su propia Junta de Supervisores de informar, posee un conocimiento limitado sobre si se aplica o no un nivel equivalente de supervisión en todos los Estados miembros, y no puede determinar si se ha avanzado hacia la convergencia en cuanto a la supervisión”, concretaron.
En la auditoría también se plantean cuestiones relativas a la idoneidad del enfoque legislativo de la Comisión: la legislación por la que se rige la normativa transfronteriza de los fondos de inversión consiste principalmente en Directivas, que obligan a los Estados miembros a aplicar su propia versión de las normas de acuerdo con su interpretación y sus circunstancias, lo que ha dado lugar a importantes diferencias normativas entre Estados miembros.
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