Entendiendo el buen gobierno como el conjunto de normas que regulan el funcionamiento de una empresa con el fin de alcanzar objetivos en diferentes ámbitos, recientemente AENOR ha puesto en marcha una certificación que favorece la gestión y la toma de decisiones. A continuación, Mayrata Conesa Alagarda, mánager de Compliance y Buen Gobierno de AENOR, explica su importancia, así como los requisitos y el proceso que se deben cumplir para solicitarla. Ferrovial, Ercros, Prosegur, Banco Santander y CaixaBank son algunas de las compañías españolas que ya cuentan con esta distinción. 

¿Podría hacer una valoración del grado de desarrollo de las empresas españolas en los aspectos relacionados con el Buen Gobierno Corporativo? ¿Hay diferencia en función del tamaño de la organización?

Las empresas españolas están demostrando un compromiso en este ámbito y muestra de ello es que AENOR desarrolló la certificación del Índice de Buen Gobierno Corporativo precisamente porque hay una necesidad real de ella. Más que por el tamaño de la organización, la diferencia la marca el hecho de ser organizaciones cotizadas, ya que para las empresas cotizadas el marco legal les exige muchas cuestiones relacionadas con gobierno corporativo. Como establece la Guía de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) tienen obligación de cumplir o explicar por qué no cumplen.

¿Por qué es importante para una empresa desarrollar una estrategia de Buen Gobierno? 

El buen gobierno de una organización es el conjunto de normas, principios y procedimientos que regulan la estructura y el funcionamiento de los órganos de gobierno de una empresa. Por lo tanto, sin ellos, la organización no puede cumplir sus objetivos en materia ambiental y social, por ejemplo. Por ello, tiene un papel crucial porque les permite disponer de los mecanismos adecuados para la gestión estratégica y la correcta toma de decisiones a todos los niveles. 

¿Cómo propone a las empresas que aún no cuentan comenzar a implantarla? 

De manera general, el primer paso debe ser su propia inquietud por tener un modelo de gobierno corporativo alineado con las mejores prácticas e ir avanzando en esa dirección tomando como referencia todas las recomendaciones de la CNMV.

¿Qué llevo a AENOR a poner esta iniciativa en marcha y qué objetivos persigue?

Como comentaba al inicio, hay una necesidad real de las empresas cotizadas de informar a todos sus stakeholders sobre su grado de cumplimiento en materia de buen gobierno. AENOR tiene una capacidad única para crear confianza sobre hechos reales. Por eso nuestra certificación, elaborada según la metodología del Índice de Buen Gobierno creado por Villafañe & Asociados y basada en la normativa europea, así como en la guía de recomendaciones de la CNMV, ayuda a las empresas a comunicar su grado de cumplimiento. 

¿Qué requisitos deben cumplir las empresas para solicitarla y qué proceso deben llevar a cabo para alcanzarla?

Se trata de un índice sobre una base de 1.000 puntos, que está integrada por un conjunto de indicadores que, a su vez, se integran en nueve variables (Consejo de Administración, Junta General de Accionistas, anticorrupción y fraude o sostenibilidad y gobernanza ESG, entre otros aspectos). Para cada indicador existen unos criterios que les asignan las distintas puntuaciones, ponderadas según la relevancia de las cuestiones, lo que da una cifra final que califica la situación de la compañía analizada.

Para poder valorar el grado de consecución de cada una de las variables, mediante el análisis detallado de los indicadores que las componen, se realiza un riguroso y exhaustivo trabajo en dos etapas: análisis de la información pública; y análisis de información no pública y verificación de parte de la información pública. Esta segunda etapa se realiza mediante trabajo in situ en la organización.

¿Qué beneficios aporta a las empresas contar con dicha certificación?

Esta certificación es una palanca de posicionamiento de un buen gobierno corporativo, porque con ella las empresas pueden comunicar a clientes, sociedad en general, empleados, proxys, inversores y el propio regulador cuál es su grado de cumplimiento del Buen Gobierno.