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Aprobado el Ingreso Mínimo Vital para 850 mil hogares españoles

100 mil las recibirán sin haberla solicitado en junio, dado que la Seguridad Social ya posee los datos necesarios para identificar qué familias las necesitan

29 DE mayo DE 2020. 13:53H Mario Talavera

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El Consejo de Ministros extraordinario de este viernes ha aprobado la puesta en marcha de un Ingreso Mínimo Vital para erradicar la pobreza extrema que, según el Gobierno, alcanza a 850 mil hogares españoles. En esa línea, las personas que podrán beneficiarse de esta prestación no contributiva alcanzan los 2,3 millones. En particular, se apunta a los menores, ya que el 50% de los hogares beneficiarios acoge a menores de edad, mientras que se calcula que el 30% son menores de edad.

El vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030, Pablo Iglesias, ha explicado que aunque se ha acelerado la implementación de esta prestación por la pandemia, “no es una medida coyuntural, es estructural”, dado que una gran parte de la pobreza ya existía antes de esta crisis. De ese modo, el mínimo será de 462 euros al mes para una persona adulta que viva sola (5.538 euros al año), mientras que se irán añadiendo 139 euros al mes por cada hijo a cargo, hasta un máximo de 1.015 euros al mes (12.184 euros al año).

En ese aspecto, la clave está en que se trata de una prestación que complementa el resto de ingresos hasta la cantidad que el Gobierno considera como mínimo para subsistir. Por ejemplo, si una persona recibe un sueldo por un trabajo temporal de 200 euros al mes, el Ingreso Mínimo Vital completará la parte restante (262 euros) hasta llegar a la cantidad de 462 euros, y lo mismo ocurriría en el resto de tipos de hogares.

Entre los requisitos, las personas beneficiarias deben tener entre 23 y 65 años, si bien también se puede recibir desde los 18 años siempre que se tengan hijos a cargo. En lo que se refiere a los ingresos, se comprobará que los hogares beneficiarios, con más de un año de antigüedad, no alcanzan la prestación mínima para cada tipo de familia. Esto es, un adulto puede solicitar esta ayuda siempre y cuando ingrese menos de 5.538 euros al año.

Asimismo, se comprobará el patrimonio neto de la persona u hogar solicitante, excluyendo la vivienda habitual. El límite para una persona se establece en 16.614 euros, que se incrementa por cada miembro hasta un máximo de 43.196 euros. No obstante, se introducirán diversas medidas para incentivar la contratación de los beneficiarios de esta prestación. Por otro lado, el Gobierno creará también un sello social para las empresas que contraten a estos trabajadores.

Según los cálculos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en boca de su titular, José Luís Escrivá, esta medida tendrá un coste de 3.000 millones de euros anuales, que se añadirán a los Presupuestos Generales del Estado. Tal y como ha anunciado el Gobierno, de las 850 mil familias que podrían recibir esta ayuda a partir del 15 de junio, 100 mil las recibirán sin haberla pedido, puesto que la administración actuará de oficio para los hogares que cumplan los requisitos.

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