Los impuestos no solo tienen la función de recaudar dinero que se pueden utilizar para dar servicios públicos. En ocasiones sirven para influir sobre las conductas de los agentes económicos, ya sea premiando su modo de actuar o penalizándolo. En ese razonamiento se encuentra la fiscalidad medioambiental, que trata de encontrar el equilibrio entre el incentivo de las buenas prácticas y el castigo de todo aquello que perjudica al medio ambiente.

La Asociación Española de Asesores Fiscales (AEDAF) ha hecho público un informe en el que analiza cómo es la fiscalidad española en lo que se refiere al medio ambiente. Además, propone diversas mejoras que pueden afectar a la recaudación pero que, sobre todo, pretenden servir para reducir el daño de la actividad humana a la naturaleza.

Daniel Gómez-Olano, coordinador del estudio, apunta para empezar diversas cuestiones relevantes. En primer lugar, llama a "establecer un consenso claro para la definición de una reforma medioambiental". En otras palabras, que la legislación que se introduzca tenga "vocación de permanencia y que no se esté cambiando al albur de los nuevos grupos que se forman en el Congreso".

Asimismo, propone que decisiones referentes a la fiscalidad verde deberían ser estudiadas por expertos. Por eso, Gómez-Olano recomienda crear "un comité de expertos que analizara la compatibilidad de los recursos propuestos con la Constitución". Además, apunta que las reformas en el ámbito tributario deben tener en cuenta la competitividad, inclusive en el caso de las que tienen que ver con el medio ambiente: "Cualquier reforma medioambiental debería estar auspiciada por un principio de competitividad". En ese sentido, señala que "no se trata de aumentar los impuestos".

Para María Muñoz, miembro de AEDAF y participante en el estudio, "deberían existir exenciones para los que ya estén pagando" otro tipo de impuestos. Muñoz sugiere que se centralicen los impuestos en este ámbito, de modo que no se produzcan solapamientos entre los impuestos autonómicos y estatales. De hecho, desde su punto de vista el objetivo debe ser "expulsar los tributos autonómicos" que ya funcionan en algunas regiones. Además, aboga por limitar la capacidad normativa de las autonomías en la materia para que no se produzcan duplicidades. Así, AEDAF insiste en que un comité de expertos puede ayudar a que se filtre y analice la conveniencia de los diferentes tributos que se pretendan introducir.

Por otro lado, la AEDAF recuerda que también debe considerarse la vertiente positiva, es decir, la de incentivar las buenas prácticas. Por eso, Muñoz cree que deben introducirse exenciones con las actividades relacionadas con implementar energías renovables, así como introducir bonificaciones en los impuestos para las empresas que contribuyan a cuidar el medio ambiente. "Cualquier política medioambiental tiene que hablar de incentivos, por ejemplo en cuanto al vehículo eléctrico, inversiones medioambientales o la generación de energía renovable", resume Muñoz.

La presidenta de AEDAF, Stella Raventós, hace hincapié en que los tributos "tengan una finalidad energética o medioambiental, no recaudatoria". Para ello, sugiere hacer una evaluación de cada impuesto conforme haya pasado el tiempo para ver cómo ha afectado al medio ambiente.

Por otro lado, esa idea también consiste en que "lo que gravemos se destine a finalidades medioambientales". Por último, señala la necesidad de que la comunidad científica se ponga de acuerdo en cuáles son los caminos que facilitan el cuidado de la naturaleza. Pone el ejemplo de los vehículos: "Cada fabricante está optando por una solución diferente sin que haya orientaciones científicas claras", apunta.

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