El problema de la economía sumergida y el fraude fiscal en España empieza con una enorme distorsión. Según el CIS, nueve de cada diez españoles creen que tienen conciencia en ese ámbito y afirman que no cometen fraude de ningún tipo. Pero a la vez, esos mismos nueve de cada diez españoles señalan sin rubor que los demás, su vecino, su compañero o su casero defraudan.

La percepción de la ciudadanía está influida por lo que ve a su alrededor y por lo que lee en los medios. Eso concluyen los expertos en fiscalidad. Diego Martín-Abril, inspector de Hacienda en excedencia, explicó en un debate organizado por el Consejo General de Economistas que aunque hay diferencia entre Europa del norte y el Mediterráneo, pero quita hierro al asunto y dice que en España no hay tanto fraude como se piensa.

Los cálculos de la economía sumergida son dispares porque no hay registros de lo que no aparece en ninguna parte. Gestha calcula que es un 25% del PIB, Funcas calcula que puede sumar entre el 18% y el 24%, mientras que el Ministerio de Hacienda rebaja la cifra al 11%. Pero hay que tener en cuenta que de esas cantidades que van desde los 140.000 millones de euros a los 250.000 millones, no todo iría a parar a las arcas del Estado, sino que solo se echan en falta los impuestos correspondientes que se dejan de pagar.

Martín-Abril no solo pone el foco en los actos económicos que directamente salen fuera del sistema tributario, sino que también alerta de la elusión fiscal, esas prácticas que minimizan el pago de los tributos utilizando los vacíos legales que establecen las normas. Dichas prácticas merman la capacidad recaudatoria tanto como el propio fraude, dice el experto, quien cuestiona la elevada cantidad de procedimientos que se realizan año a año para controlar las cuentas de empresas y ciudadanos. En total, se estima que se produjeron 1,6 millones de actuaciones el año pasado.

Por su parte, Jesús Quintas Bermúdez, miembro del Consejo Directivo del REAF, es pragmático con respecto a los impuestos. “El impuesto crea el fraude”, afirma. Desde el momento en que hay una figura impositiva que se apropia del dinero del ciudadano “se crea la tentación” de buscar la manera de pagar menos. “Todos tenemos motivos para rebañar a nuestro favor”, dice Quintas.

Más allá de ese punto de vista casi filosófico, Quintas apunta que “quizás estamos equivocando el tiro”. En su opinión, no se está tratando de prevenir el fraude sino de castigarlo, de manera que quienes tienen deudas muy grandes, no pueden pagarlas de todos modos y prefieren seguir cometiendo ese fraude. “No tienen nada que perder”, reflexiona el experto.

En ese sentido, indica que en lugar de primar la comprobación de los datos, se debería apostar por la investigación y las actuaciones preventivas. Aporta una idea, la de ayudar a los empresarios en el inicio de su negocio, guiarles y asesorarles desde la Administración. De esa forma se crea un hábito en el contribuyente y, además, se puede detectar más fácilmente si se produce una irregularidad.

Lo mismo cree Martín-Abril, quien señala que demasiados asuntos de este tipo acaban en los tribunales. Su opinión es que deberían solucionarse por la Administración y, si finalmente acabaran en la Justicia, tendrían que crearse unos tribunales especializados en el ámbito tributario. Asimismo, considera que simplificar la relación con la Administración podría contribuir a mejorar la recaudación y reducir el fraude.

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