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¿Cómo va a rescatar el estado a empresas estratégicas?

El Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas está dotado de 10.000 millones de euros para proporcionar liquidez temporal

07 DE julio DE 2020. 08:30H Mario Talavera

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Al igual que los anuncios y las innumerables comparecencias públicas, se han hecho habituales las rectificaciones y el patadón y a seguir en la gestión de la pandemia y en la posterior crisis. El pasado viernes se dio luz de verde a un nuevo plan dedicado a prestar solvencia a empresas estratégicas afectadas por la pandemia, pero con la gran mayoría de los detalles en el aire.

El Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas fue anunciado en una comparecencia sin preguntas del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que aprovechó para dejar constancia del apoyo de los agentes sociales a su ejecutivo. No obstante, estos le afearon sus declaraciones un día antes, que apuntaban a una reforma fiscal cuando la economía española remonte.

Este acto sirvió para informar de que el Consejo de Ministros aprobó un plan de 50.000 euros, con 40.000 euros en avales públicos destinados a cubrir proyectos e inversiones innovadoras y sostenibles. Sin embargo, la ausencia de periodistas en el acto privó de la oportunidad de conocer más detalles sobre estas medidas.

Los restantes 10.000 millones de euros son los que se dedicarán al Fondo de Apoyo, que gestionará la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Según ha podido saber este medio, no se han fijado requisitos concretos más allá de la cuantía, que este año no superará los 3.000 millones de euros, según publica el BOE. La condición es que las compañías "sean consideradas estratégicas", sin una mayor definición de lo que esto significa. La descripción de este tipo de empresas que hace el Gobierno es aquellas que tengan un "sensible impacto social y económico", además de otras que sean relevantes para la seguridad, la salud, las infraestructuras, las comunicaciones o las que contribuyan al buen funcionamiento de los mercados.

Con todo, son las propias empresas las que tendrán que solicitar la ayuda y Hacienda estudiará caso por caso, dado que es el Ministerio al que está adscrito este Fondo. Así, se han dispuesto tres instrumentos para efectuar este traspaso de fondos: concesión de préstamos participativos, adquisición de deuda subordinada y suscripción de acciones.

Las posibles ganancias que se obtengan de estas intervenciones se destinarán al Tesoro Público, aunque ese no es el fin de la ayuda, que se prestará temporalmente. Entre los interrogantes, queda por saber si existe un límite máximo para cada operación o qué reglas se establecerán cuando el estado entre en el capital de una empresa.

La aprobación del Fondo llega casi dos meses después de que la Comisión Europea modificara sus reglas con respecto a la prestación de ayudas públicas a empresas. El objetivo es recapitalizar aquellas empresas no financieras que sean viables pero que hayan sufrido un impacto en sus cuentas por la pandemia. Esto significa que, de no ayudar a las empresas españolas, partirían con desventaja frente a las que sí han sido apoyadas por sus estados en el marco comunitario. Esto sucede especialmente en el caso de las aerolíneas. La alemana Lufthansa ha recibido una inyección directa de 9.000 millones de euros del estado germano, mientras que Air France recibió 10.400 millones de Francia y Holanda.

Además de Air France, Francia prevé apoyar a Renault con otros 5.000 euros en forma de préstamo garantizado por el Estado. Con todo, la participación pública en Renault alcanza el 15%.

Esta situación pondría a Iberia como posible beneficiaria de una ayuda pública, si bien requeriría la cuantía completa del Fondo que ha dispuesto el Gobierno español para equipararse a sus competidores europeos. En este sentido, hay que incidir en que Iberia pertenece al grupo hispanobritánico IAG, que también incluye a British Airways, por lo que en Europa se cuestiona si España puede ayudar a la compañía que preside Luis Gallego.

También hay que tener en cuenta que las empresas que lo hayan requerido han podido acceder a las líneas de financiación avaladas por el ICO. Las fuentes del Ministerio de Hacienda consultadas por DIRIGENTES insisten en que se puede elevar la cifra inicial de 10.000 millones, aunque se espera que el recurso a esta herramienta se haga como última opción.

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