Pagar la luz a precios de 183 euros el megavatio, hora que padecíamos justo antes de la invasión rusa sobre Ucrania, ya casi nos parece un sueño. La llegada de la guerra rusa “ha roto el mercado” como confirma la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y ya hemos alcanzado récord en niveles que rozan […]
EnergíaDirigentes Digital
| 10 mar 2022
Pagar la luz a precios de 183 euros el megavatio, hora que padecíamos justo antes de la invasión rusa sobre Ucrania, ya casi nos parece un sueño. La llegada de la guerra rusa “ha roto el mercado” como confirma la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, y ya hemos alcanzado récord en niveles que rozan los 545 euros y horas en las que se alcanzan los 700 MWh. Es decir, hemos pasado de pagar la luz a 0,13 céntimos a que nos cueste más de 0,80 por hora.
Una subida que supone un aumento sobre precios ya disparados y en algunos casos minimizados sobre los impuestos a pagar ya desde el Gobierno que se dispone, tras haber presentado un paquete de medidas relámpago la pasada semana, a intervenir de facto, el mercado eléctrico para abaratar la factura y, en segundo término, para reducir el fuerte impacto de la inflación, ya condicionada por subidas generalizadas, en niveles de máximos en España y que algunos consideran que puede elevarse hasta en dos dígitos.
La subida de la luz desde el día 24 de febrero, cuando se produjo la invasión rusa sobre Ucrania supera el 120% hasta los máximos del año mientras se mantiene ahora mismo en niveles que multiplican por diez los precios que pagábamos hace solo un año. Y persistirán, señalan los expertos, si como se espera, la guerra se prolonga en el tiempo.
El conflicto bélico ha cambiado por completo la visión que hasta ahora defendía
Bruselas, porque el presidente del Gobierno Pedro Sánchez, ante la gran subida de diciembre, ya trasladó a la Comisión Europea la posibilidad de intervenir los precios por la situación, que hasta ahora le habían negado. Ante el cambio de tercio en este momento el ejecutivo comunitario se abre a esa posibilidad, como medida temporal, en un intento de separar, porque están íntimamente ligados, los precios del gas y de la electricidad.
De hecho, ese incremento se debe al coste del gas, ya que, en España, de las 11 fuentes distintas de las que nos llega la electricidad, el proveedor más caro, es el que al final marca su precio. En nuestro país la energía que más aporta es la eólica, pero las renovables en su conjunto son insuficientes para cubrir las necesidades, porque la segunda fuente que más produce es la nuclear en el último año.
Pero Bruselas no lo decidirá de inmediato, pero estudiará cada caso, el de cada país con esas medidas de urgencia para evitar que la luz dispare más la inflación, porque es, junto al petróleo, el mayor encarecimiento de los precios de consumo en nuestro país.
También se abre a que los países de la Unión Europea puedan imponer sobre las empresas impuestos temporales sobre los beneficios extraordinarios de las energéticas, mientras ellas cubran sus costes y protejan el mercado a largo plazo.
La pasada semana, antes de que se volviera a disparar la factura de la luz a niveles exponenciales, el presidente del Gobierno anunció una serie de medidas en el Congreso para minimizar el impacto con los impuestos sobre la electricidad, con la prórroga de la bajada del impuesto actual, del 21 al 10% hasta el 30 de junio. También la suspensión del impuesto sobre generación y la bajada del impuesto especial eléctrico, del 5,11% anterior al mínimo del 0,5%.
A esto se une la prórroga del descuento en el bono social eléctrico y rebaja de los peajes del 80% a la industria electrointensiva que está sufriendo y mucho esta nueva ola de subidas en el precio de la luz. De hecho, desde el Gobierno vasco se habla ya de “emergencia energética” para empresas que, como la factoría de ArcelorMittal en Olabarría parará hasta 15 horas por el coste eléctrico y Acerinox ha hecho lo mismo, con ERTE incluido, en su factoría de Cádiz.
De hecho, la Asociación de Gran Consumo de Energía, AEGE, considera que el sobrecoste puede alcanzar hasta los 3.000 millones de euros, con lo que afectaría gravemente al empleo, incluso con cifras que podrían alcanzar los 200.000 puestos de trabajo.
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