Vaya por delante que el fraude fiscal se ha reducido y mucho en las últimas décadas en lo que se refiere a autoempleo y capital fijo. Es lo que se desprende de un exhaustivo estudio realizado por la Fundación la Caixa. Bajo el título general “desigualdad y pacto social”, este documento, coordinado por Luis Ayala, nos presenta las facetas de la desigualdad y una de las más significativas es el fraude fiscal.

En este apartado, encontramos el desarrollo y las conclusiones del artículo “el fraude fiscal genera desigualdad”, elaborado por Sara Torregrosa de la Universidad de Lund, que pone sobre la mesa interesantes conclusiones sobre el análisis del incumplimiento a sabiendas con Hacienda, en concreto, del
referido al IRPF.

En sus conclusiones, destaca que cuanto más alto es el escalafón de rentas, más bajo es el cumplimiento fiscal. Es decir, que el 0,1% más rico oculta del orden del 23% de su renta. Un hecho que genera desigualdad y, por supuesto, añade importantes mermas a la recaudación.

Nivel de cumplimiento fiscal en el IRPF

Un agravio, señala la autora, entre los que cumplen y los que no. Y son muchos, eso sí, quienes lo hacen. Afirma que el cumplimiento fiscal ronda el 80% en las rentas de autoempleo y del capital fijo, pero se reduce considerablemente en el caso de las financieras, en las que el porcentaje se coloca en una horquilla de entre el 50 y el 60%.

Pero hay más y aunque destaca la profesora de Crecimiento, Cambio Tecnológico y Desigualdad de la Universidad sueca de Lund, que, aunque el incumplimiento en ese primer caso es del 20% respecto del IRPF, lo cierto es que otras medidas apuntan a que su peso real en los ingresos de los hogares alcanza incluso un porcentaje mayor, y se eleva hasta el 30%, lo que aumenta en mayor grado el nivel de desigualdad.

Para evitar el fraude fiscal, señala el documento, la comparación internacional muestra que la aplicación de las retenciones y también el suministro de información por parte de terceros es un factor fundamental. Afirma que las rentas no sometidas a este tipo de control se estancan en un nivel de cumplimiento en sus obligaciones fiscal del 60 al 70% en su conjunto.

Al ser el IRPF además un impuesto progresivo, el hecho de que el fraude se concentre en la población con más renta, lleva consigo una fuerte pérdida de recaudación para las arcas públicas. Esto provoca la limitación forzosa del gasto público y, por tanto, de una parte menor en la redistribución de ese dinero para la educación y también para la sanidad.

No hay justificación para el fraude fiscal

También destaca el estudio que la población no ve con buenos ojos el incumplimiento de los ciudadanos en sus deberes con Hacienda. Hasta un 70% de la población considera que el fraude no tiene justificación alguna. Se trata de un nivel de intolerancia contra él, en el momento presente, un 20% mayor que en los años 80, cuando había mayor laxitud en este tema.

Resulta curioso otro dato que aporta Sara Torregrosa en su estudio: es mayoritaria la opinión de que la causa principal del fraude es la ineficacia con que actúa la Administración Tributaria, incapaz de controlar las rentas que se escapan a sus cálculos. Destaca la autora que este hecho puede además minar la confianza institucional necesaria para la consecución de pactos sociales contra la desigualdad. Hablamos de un 45% que considera esa opción y que ha crecido un 15% en los últimos años.

Otros factores de las causas del fraude se basan en la moralidad, con la falta de honradez y ausencia de conciencia cívica, mientras que se reducen los motivos considerados económicos, como el exceso de imposición e incluso la atribución del fraude al desequilibrio entre impuestos y servicios, que se mueven a la baja.