Han pasado tantas cosas desde principios de año que pareciera que este 2020 transcurre en la eternidad. En medio año la vida ha dado un vuelco y han tenido lugar sucesos que, en otras circunstancias, habrían llevado mucho más tiempo. Así lo refleja también la complicada relación que iniciaron los empresarios con el Gobierno en enero.

Por entonces, la única y principal negociación en la que se embarcó la titular del Ministerio de Trabajo, Yolanda Díaz, era la de elevar el salario mínimo inteprofesional. El acuerdo entre el Gobierno y agentes sociales dio como fruto la subida desde 900 a 950 euros en la primera reunión formal.

Desde aquel primer gran acuerdo se han sucedido diversos encontronazos entre CEOE y el Gobierno, a cuenta de las decisiones que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha tomado durante estos meses. Aunque ha tratado de actuar con mano izquierda, Sánchez no ha evitado que los empresarios acabaran protestando en forma de comunicados contundentes.

La última vez que la CEOE le ha tirado los trastos a la cabeza al Gobierno se produjo la semana pasada, con la nueva negociación para regular el teletrabajo. La organización que preside Antonio Garamendi acusa públicamente a Díaz de "orillar" el diálogo social en este punto.

La CEOE incluso criticó la primera propuesta del Ministerio de Trabajo diciendo que el texto es "desequilibrado, de enfoque errático, apartado de la realidad del tejido productivo y de las necesidades de empresas y trabajadores". Asimismo, el comunicado de la patronal cree que, si se aplica este primer borrador al teletrabajo se "podría desincentivar su implantación en España y ralentizar su consolidación".

La cuestión está en que la paz entre ambas partes dura muy poco. Para comprobarlo hay que remontarse algunas semanas, hasta el 25 de junio, cuando se acordó prolongar los ERTE hasta el 30 de septiembre. La CEOE, aunque pedía extender la posibilidad de usar esta herramienta hasta finales de año, consideró que se habían conseguido "importantes avances respecto a la propuesta inicial". Sin embargo, la calma duró hasta el jueves siguiente, cuando Pedro Sánchez se había asegurado la firma de un pacto por la reactivación económica y el empleo con los sindicatos y la patronal.

Unas horas antes, en una entrevista en televisión, Sánchez advirtió de que planea una reforma fiscal cuando la economía se recupere. Este anuncio sirvió de excusa a Garamendi y a Gerardo Cuerva, presidente de Cepyme, para reprochar la hoja de ruta del Gobierno en medio de la celebración del acuerdo que, por otra parte, no reflejaba nada concreto, solo una declaración de buena voluntad.

Ese encontronazo es el precedente del último comunicado de CEOE acerca del teletrabajo, que se produjo el pasado miércoles (8 de julio), apenas cinco días después de la firma del acuerdo con todo el protocolo que se ha hecho habitual en la Moncloa en estos casos.

El último de muchos

Sin embargo, como se ha visto, tan habituales se han hecho las reconciliaciones como los desencuentros. El más sonado fue el que se produjo por el compromiso de PSOE y Unidas Podemos con EH Bildu para derogar la reforma laboral en su totalidad a cambio del apoyo del partido vasco para prorrogar el estado de alarma. A continuación, se produjeron varias rectificaciones que trataban de amortiguar el daño de aquel acuerdo.

A pesar del intento de reconducir la situación, la CEOE y Cepyme emitieron un comunicado censurando el "desprecio indignante al diálogo social" que, a su juicio, reflejaba ese pacto político. Además, tachó el experimento como una "irresponsabilidad mayúscula" con unas "consecuencias negativas incalculables". De hecho, con ese suceso la CEOE decidió romper las negociaciones que estaba teniendo hasta ese momento con el Gobierno y los sindicatos.

Desde el primer momento de esta crisis, la actuación política ha estado rodeada de polémica. El 4 de marzo, antes de la declaración del estado de alarma, el Ministerio de Trabajo emitió una guía de buenas prácticas en el ámbito laboral, a espaldas de los agentes sociales. A ojos de CEOE, la publicación de esa guía fue un "grave error" y contribuyó a generar "una mayor incertidumbre", en lugar de reducirla.

Ese mismo mes de marzo, Sánchez tomó dos decisiones clave. La primera, prohibir desde el 27 de marzo los despidos en aquellas empresas que hubieran alegado causa mayor relacionada con el COVID-19 para acogerse a un ERTE. La CEOE expresó sus dudas acerca de esta norma y su previsión de que el resto de medidas contribuirían a "un mayor nivel de desempleo" y que "serán perjudiciales para el equilibrio económico". Por otro lado, rechazaron "de forma tajante que el Gobierno trate de arrojar sospechas y desconfianza sobre el empresariado".

Tan solo un día después, el sábado, Sánchez compareció para anunciar que la economía casi al completo quedaría en hibernación, a excepción de las llamadas "actividades esenciales". Aunque CEOE reiteraba su comprensión ante esta decisión, alertó de que iba a "generar un enorme impacto sin precedentes en la economía española". Además, en aquel momento el Gobierno no aclaró qué actividades eran esenciales, de modo que los empresarios acusaron al Ejecutivo de alimentar el "desconcierto total" que existía.