Lo que para los sindicatos es un mero parche ante la falta de negociación con el Ejecutivo, para la Administración General del Estado (AGE) es un avance para los trabajadores y un ahorro incalculable energético. María Jesús Montero, ministra de Hacienda y Función Pública, anunciaba así la aprobación para que el funcionariado trabaje a distancia durante tres días a la semana y, los otros dos, de forma presencial.

Esta medida forma parte de un conjunto conformado para fomentar el ahorro energético. Con ella, se pretende instar al jefe departamental a elaborar un listado con aquellos trabajadores públicos que tengan la oportunidad de teletrabajar a través de un permiso especial para ponerlo en práctica durante ese determinado número de días semanalmente. El objetivo no es otro que minimizar costes tales como el carburante o la energía.

En la actualidad, más del 13% de los empleados españoles tiene la opción de desempeñar su labor a distancia. Sin embargo, y aun siendo una modalidad que según recientes encuestas gran parte de la población prefiere, falta mucho por estar completamente definido como para implementarlo de una manera muy generalizada.  

Una medida no consensuada y no tan bien aceptada

La sorpresa ha sido generalizada. Sin una reunión previa con los sindicatos tal y como se acordó el pasado enero y tan solo con el anuncio de la medida tomada a través de una citación, los principales representantes sindicales aseguran que “había muchas protestas y lo han metido con calzador, con una regulación muy somera”, tal y como ha declarado el consejero de UGT.

Uno de los contra que se encuentra al anuncio del trabajo a distancia para los funcionarios españoles es la alta posibilidad que existe de que estos tengan que utilizar sus propios equipos o hacerse cargo de los costes que supone la conexiones a la red. Así lo señala la Central Sindical Independiente y de Funcionarios, recordando un controvertido hecho que ocurrió durante la pandemia, cuando el teletrabajo estaba completamente normalizado y se produjo un ciberataque desde Rusia a la web oficial del SEPE. En este caso, recuerda el CSIF, nadie se hizo responsable de las reparaciones correspondientes, por lo que se teme que vuelva a suceder lo mismo.

La reforma de la Secretaria de Estado de Función Pública no está avanzando según lo acordado con los sindicatos. Desde la Federación de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado (Fedeca), también se ha mostrado su disconformidad con la medida tomada por Montero y su equipo.

Al igual sucede en el sector de los conocidos como “funcionarios de élite” que no han dudado en expresar su descontento, especialmente ante la falta de información o, al menos, una reunión con algún representante del Ministerio que acechan a un hecho que se repite especialmente desde que la Función Pública se sumara a Hacienda.

Preocupación ante un descenso del nivel de los funcionarios

El anuncio del trabajo a distancia para los trabajadores públicos añade otra controvertida preocupación, especialmente a los funcionarios de la cúpula. Estos opinan que, la decisión tomada por el Gobierno no hará más que empeorar la situación de un gremio de por sí afectado a nivel económico, y que se verá altamente afectado si se disminuye el nivel de las pruebas de acceso.

Miquel Iceta, breve ministro de Política Territorial y Función Pública entre enero y julio de 2021, ya lo dejó caer el pasado año al declarar que se deberían priorizar en las aptitudes sobre la memorización en los exámenes pertinentes, al igual que revisar el actual sistema educativo y las oposiciones donde, para el ministro, existe un desajuste demasiado elevado.

Todo ello implica una creciente preocupación de los funcionarios, Fedeca y hasta Inspectores de Hacienda, que alertan de que este cambio suponga un descenso del nivel de los trabajadores públicos. Aunque opinan que el momento es delicado y con respectos a otros grupos de funcionarios (europeos, por ejemplo), están mal pagados y con sueldos congelados, un cambio tan drástico en el sistema actual no haría más que empeorar la situación.