El impulso de cambios normativos que mejoren la rentabilidad de los productores agrícolas es una de las razones por las que miles de trabajadores del campo han salido a la calle durante las últimas semanas bajo el lema “Agricultores al límite”. Bajo este marco y teniendo en cuenta el importante peso que la industria agroalimentaria representa en la economía española, el despacho de abogados Ontier presentó ayer su “Informe sobre los retos del sector en España desde la perspectiva legal 2020”, que marca algunas de las transformaciones que afectarán a este sector en los próximos meses.

Luis Osuna, Consejero del sector Agroalimentario y de la Distribución de Ontier, destacó los principales desafíos a los que se enfrenta cada uno de los eslabones de la cadena alimentaria, enmarcada en una industria que supone un 12’3% del empleo en nuestro país. “Sabemos que la agricultura ha cambiado en estos últimos años y va a seguir transformándose. Toda la parte tecnológica está jugando un papel decisivo con la incorporación de robots en los procesos de producción y recolección”, destacó.

Tal y como se desprende del informe, el gasto en alimentación asciende a más de 100.000 millones de euros, y una de las tendencias es la adaptación al producto local y a la demanda del consumidor, lo que ha permitido que “las cadenas regionales hayan ganado tamaño”. Otro punto clave dentro del documento que explica que se trata de un sector muy competitivo donde “para ganar eficiencia hay que ganar tamaño”.

Durante el acto, la firma global de abogados también dio a conocer su creación del área Agrifood, especializada en el sector agroalimentario y de la distribución. Con su trabajo tienen el objetivo de servir de soporte y asesoramiento a las compañías que operan dentro de la industria agroalimentaria y, para ello, Osuna detalló un balance sobre las tendencias del sector desde la perspectiva legal en este 2020. Entre ellas destacó la seguridad alimentaria en relación a la información que se traslada al consumidor, la apuesta por lo local, el consumo responsable, el auge del e-commerce o la sostenibilidad, que de forma previsible atraerá cambios normativos y “las empresas que den la espalda a un modelo de negocio sostenible serán penalizadas por el consumidor”.

En este contexto, para responder al sector del campo, el Gobierno anunció la semana pasada un Real Decreto que incorpora transparencia y control de precios en la cadena alimentaria. Francisco Moreno, abogado del Departamento Mercantil de Ontier, detalló durante la presentación los tres aspectos principales en los que se sustenta el mismo. Así, en primer lugar se intentará satisfacer una de las exigencias de los productores primarios, al incluir en los contratos alimentarios la obligación de que “el precio pactado entre el productor primario y su primer comprador cubra el coste efectivo de producción”. No obstante, tal y como explicó Moreno, para abordar este punto resulta “complicada” la determinación del coste efectivo de producción.

Asimismo, el Real Decreto también regula las actividades promocionales con el establecimiento de “principios de acuerdo y libertad de pactos, de interés mutuo y flexibilidad”, prestando especial atención a la “prohibición de realizar actividades promocionales que induzcan a error sobre el precio, imagen o valor de los productos agroalimentarios”. Por último, para evitar la destrucción de la cadena alimentaria, cada operador deberá pagar al anterior, al menos, el coste efectivo de producción en que haya incurrido. Y es aquí donde surge de nuevo la “dificultad de determinar ese coste”.