Fue el anuncio de sus futuras intervenciones masivas en los mercados de deuda, pero de aquella crisis existencial, de aquellas palabras precedidas de una profunda descripción sobre los progresos en la reforma de la eurozona, y también de importantes advertencias sobre cómo avanzar, los líderes de la UE extrajeron varias enseñanzas: las finanzas públicas nunca […]
InternacionalDirigentes Digital
| 04 feb 2020
Fue el anuncio de sus futuras intervenciones masivas en los mercados de deuda, pero de aquella crisis existencial, de aquellas palabras precedidas de una profunda descripción sobre los progresos en la reforma de la eurozona, y también de importantes advertencias sobre cómo avanzar, los líderes de la UE extrajeron varias enseñanzas: las finanzas públicas nunca más podrían colapsarse ante una crisis económica; la supervisión bancaria había fallado y el sector debía reforzarse; la deuda soberana era una círculo vicioso con los problemas financieros privados.
Si una economía del euro se hundía activaba una caída de fichas de dominó en todo el continente, de mayor o menor extensión, amenazando un proyecto, el del euro, calificado como “irreversible” en el que “se estaba invirtiendo una cantidad de capital político”, según Draghi.
Europa estaba construyendo a marchas forzadas su Unión Bancaria, y apretó aún más el acelerador, basándola en tres pilares: la supervisión comunitaria de las entidades sistémicas, la resolución unificada de los grandes problemas bancarios y una protección común para aquellos depósitos hasta 100.000 euros.
Para atender al primer pilar, la UE diseñó una segunda unidad, o arquitectura, para el BCE, dotándole del Mecanismo Único de Supervisión (SSM, en sus siglas en inglés). Para el segundo, apareció la Junta Única de Supervisión, una agencia comunitaria independiente con poderes para reestructurar o liquidar las entidades al borde de la quiebra. Para 2023 contará con 60.000 millones de euros en un fondo financiado por bancos y entidades de crédito, con el que afrontar los costes de una resolución bancaria. Ahora mismo ya va por 33.000 millones.
A lo largo de todos estos años, sin embargo, el tercer pilar de la Unión Bancaria ha encallado hasta casi morir por las diferencias políticas entre los socios del euro. Alemania, Países Bajos, Austria, Finlandia, incluso socios externos como Dinamarca, se negaban a compartir los costes de asegurar los pequeños depósitos de bancos en Italia o Grecia. Hasta que un alemán ha llegado a su rescate.
“La necesidad de profundizar y completar la Unión Bancaria es innegable. Tras años de discusión, el bloqueo tiene que terminar”, escribió Olaf Scholz, ministro de Finanzas, hace unas semanas sacudiendo las posiciones herméticas europeas. El principal escollo para la Garantía Europea de Depósitos (EDIS, en sus siglas en inglés), mueve ficha, dispuesto a compromisos.
La propuesta de Berlín llega con condiciones, “cuatro etapas” en palabras de Scholz, para “armar un paquete que complete la Unión Bancaria”. Y la Garantía de Depósitos sólo sería una de ellas en un proceso más amplio.
La primera es una demanda al resto de socios para contar con las mismas reglas de insolvencia empresarial y de resolución bancaria. Fuera de las sistémicas, supervisadas por el BCE, las pequeñas y medianas entidades están sujetas a diferentes normas nacionales que no obligan, como en Italia, a quitas en los tenedores de deuda senior antes de acudir a los rescates con dinero público. Socios como Alemania o Países Bajos quieren ampliar el paraguas de la Unión Bancaria para contar con el mismo marco en todo el continente.
La segunda etapa de la propuesta alemana pasa por “reducir el número de préstamos morosos y afrontar los riesgos asociados de la deuda soberana” porque estos bonos “no están libres de riesgo inversor y no deberían ser tratados como tal”. El ministro italiano de Finanzas, Roberto Gualtieri, alerta de un “impacto negativo” en el sector bancario y la española Nadia Calviño cree que son “dos cuestiones que no están relacionadas” al tiempo que pide “avanzar cuanto antes en la creación de un instrumento fiscal, un bono o un título de deuda para el ámbito de la zona euro”. Los famosos eurobonos.
A la tercera condición, la creación del EDIS en sí, se llegaría tras cumplir las dos anteriores, lo que permitiría “algún tipo de mecanismo común europeo para la protección de los depósitos”, un seguro reforzado desde la UE hacia los instrumentos nacionales, como el Fondo de Garantía de Depósitos existente en España desde 2011.
Según la propuesta alemana, ante una quiebra bancaria primero se activarían los recursos del fondo nacional para proteger las cuentas de los pequeños ahorradores; luego entraría en juego el fondo común europeo ejecutado por Bruselas, y, por último, si todavía fuese necesario cubrir los costes de esa resolución, el Estado involucrado movilizaría sus recursos públicos.
Alemania une fuerzas con Francia en la cuarta condición al presionar en favor de una base mínima común entre los socios europeos en el impuesto de sociedades que tributan las entidades. “Necesitamos una tributación uniforme de los bancos en la UE”, reclama el político germano.
De las cuatro condiciones de Scholz, la consideración de la deuda soberana y la última, que salta del terreno de juego bancario al fiscal, un campo minado en Bruselas, son las que más desafíos y problemas suscitan.
En los últimos años, el volumen de préstamos morosos se ha reducido hasta menos de 600.000 millones de euros, cifra aún considerable pero relativa, sólo el 3% de todos los créditos en la eurozona. En un encuentro privado con periodistas en el que estaba presente Dirigentes, el miembro del Consejo de Gobierno del BCE, Yves Mersch, calificó como “sin precedentes en muchas jurisdicciones” esta reducción. “Los bancos han hecho un esfuerzo tremendo”, felicitó Mersch a los pocos días de escuchar la propuesta de Scholz, enfatizando que “ha llegado el momento para ser conscientes de que ahora podemos avanzar en la primera fase de la Garantía de Depósitos Común”.
Una parte del camino hacia el EDIS está quedando despejada, igual que la progresiva estandarización de las normas sobre quiebras empresariales y quitas bancarias. Pero cuando Scholz habla de modificar las normas europeas sobre el capital de los bancos, pidiendo “provisiones para los riesgos procedentes de la deuda soberana” y nuevos “requisitos que reflejen los riesgos crediticios y de concentración a la deuda soberana”, en varias capitales europeas saltan las alarmas. Para los bancos italianos, implica un esfuerzo de miles de millones de euros para reforzar sus balances, con cerca de 400.000 millones de euros en deuda soberana del país. Cifra que asciende a 690.000 millones, según Daniel Gros, director del think tank bruselense CEPS, si contabilizamos “la exposición total del sistema bancario italiano a todos los niveles del gobierno”. Es casi el 30% del total de la deuda pública del país, de 2,25 billones de euros, más del 130% del PIB.
En Portugal, las entidades acumulan una cifra relativa menor, el 9% del PIB según el último informe de su banco central, y “esta exposición es una vulnerabilidad para el sistema bancario” del país. Por su parte, las entidades españolas acumulan 160.000 millones en deuda pública, lejos de los picos alcanzados entre 2013 y 2015, pero son dos tercios de su cartera de renta fija. ¿Es la deuda soberana un problema insalvable en el progreso de la Unión Bancaria? La ministra Calviño pide a Scholz “no condicionar el progreso en la Garantía de Depósitos a esta cuestión” porque “son asuntos en lo que hay que trabajar en paralelo”.
Si Alemania abre la mano en la negociación, creando “un ímpetu fresco y nuevo para desarrollar otras avenidas importantes en el fortalecimiento del euro”, en palabras de Mario Centeno, presidente del Eurogrupo, sus antiguos socios en la negativa a compartir los riesgos bancarios no están todavía por la labor.
Los Países Bajos se preguntan sobre “cómo asegurar la reducción de riesgos”; “es la siguiente cuestión”, dice su ministro de Finanzas, Wopke Hoekstra, que la califica como “sinceramente necesaria”. Los bancos neerlandeses podrían salir perjudicados por las exigencias de armonización tributaria que apunta Scholz, igual que luxemburgueses o irlandeses.
Preguntado directamente en Luxemburgo por Dirigentes sobre la iniciativa alemana, el responsable de Finanzas del Gran Ducado, Pierre Gramegna, responde que “la lista de condiciones se ha vuelto más larga de lo que ya era” y plantea dos escenarios. “Si la lista es mayor, entonces tenemos un enfoque global, holístico. Poniendo todos los problemas encima de la mesa, puede ser más fácil solucionarlos”, pero advierte también sobre “una lectura negativa, porque cuantos más problemas planteas, tienes que estar seguro de que llevará más tiempo encontrar una solución”.
Gramegna confirma que Luxemburgo, voz importante en los debates financieros de la eurozona, quiere “entrar en los detalles, en las condiciones, y ver qué pretenden”. Una demanda similar a la italiana, español o neerlandesa. El Eurogrupo de diciembre iniciará “una hoja de ruta” para sacar adelante el EDIS en 2020 y cerrar la Unión Bancaria o, de nuevo, dejará el trabajo incompleto durante años.
