Ambos bancos han sido demandados por el fondo de pensiones Electrical Workers Pension Fund estadounidense por supuestamente haber participado en una conspiración para manipular los precios en el mercado de bonos europeo por un total de 9,4 billones de dólares.

La queja de acción colectiva presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos en New Haven, Connecticut, acusa a los bancos de violar la ley federal antimonopolio.

Según la demanda, estas entidades financieras se beneficiaron a expensas de los inversores conspirando para ampliar los diferenciales de oferta y cotización, aumentando así los precios que los inversores pagaban por los bonos y disminuyendo los precios a los que los vendían.

Según el documento de la demanda, las tácticas de Bank of America (BofA) y Royal Bank of Scotland (RBS) fueron "sorprendentemente similares" a las utilizadas en el mercado de divisas, y por las que han recibido varias condenas millonarias, donde los bancos pagaron más de 10.000 millones de dólares en multas para resolver reclamos de cumplimiento en varios países.

La autoridad antimonopolio de la Unión Europea acusó a ocho bancos, incluidos estos dos, de ser parte de un cartel que distorsionó los precios de los bonos desde 2007 hasta 2012. Una "declaración de objeciones", la Comisión Europea exponía que los operadores de bonos podrían haber compartido ilegalmente información comercial sensible y estrategias comerciales coordinadas, principalmente a través de chat online.

De acuerdo a la demanda, los bancos, de manera coordinada, solicitaban a los inversores diferenciales más altos para aumentar el precio que pagaban por los bonos y así incrementar sus beneficios.

Si bien la Comisión no identificó a los ocho bancos, los informes de los medios dijeron que Bank of America y RBS están entre ellos.

El portavoz del Banco de América, Bill Halldin, declinó hacer comentarios al respecto. Y desde RBS también se negaron a comentar la noticia.

OTRAS DEMANDAS

Los tribunales de Estados Unidos cuentan con una gran variedad de litigios privados en los que acusan a distintos bancos de conspirar para manipular diversos mercados financieros, puntos de referencia de tasas de interés y productos básicos.

Tanto Bank of America como Royal Bank of Scotland se han enfrentado a otras demandas anteriormente.

La más reciente de Royal Bank of Scotland (RBS) ha sido a principios de este año 2019 cuando una asociación que representa a más de 12.000 accionistas privados de la entidad y a más de 100 inversores institucionales (el llamado RBOS Shareholder Action Group) denunciaba al banco de mentir sobre su situación financiera.

El año pasado RBS tuvo que pagar 4.900 millones de dólares al gobierno de Estados Unidos para cerrar los pleitos relacionados con el empaquetado de activos respaldados por hipotecas basura antes de la crisis financiera, una actividad realizada entre 2005 y 2008.

Además RBS pagó otra multa de 5.500 millones de dólares en 2017 a la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda y en 2016 otra multa de 1.100 millones de dólares a la Administración Nacional de Cooperativas de Crédito por prácticas ilegales realizadas antes de la crisis financiera.

Por su parte, Bank of America también ha recibido demandas millonarias en los últimos años. En 2018 el banco fue acusado de proporcionar más de 100 cuentas utilizadas para perpetrar lo que los reguladores de EE. UU. denominaron un esquema Ponzi por un valor de 102 millones. A través de este sistema se hacían depósitos de cientos de miles de dólares en cuentas con saldos relativamente pequeños, negativos o inexistentes, seguidos de transferencias dentro de la misma semana a otras cuentas de inversores que retiraban el dinero.

También el año pasado el Fondo Educativo y de Defensa Legal Mexicano-Estadounidenses y la firma de abogados Elliot Morgan Parsonage PLLC de Winston-Salem, interpusieron una demanda contra Bank of America por negar el empleo a inmigrantes, a pesar de estas calificados y estar autorizados para trabajar en Estados Unidos.

Y en 2012 Bank of America y el emisor de préstamos Countrywide recibieron una demanda por un "fraude hipotecario" llevado a cabo entre 2007 y 2009 y que costó 1.000 millones de dólares al Estado, según la fiscalía federal.