La economía de la UE está rodeados márgenes del sistema bancario, el estancamiento y endeudamiento de precaución sobre la evolución de la economía en el siguiente semestre.

La mano de la Comisaria de Competencia, Margrethe Vestager, no está detrás de la fallida operación bancaria, pero sí ha impedido recientemente los otros dos movimientos corporativos. Tras varios años volcada en combatir los acuerdos fiscales privilegiados entre multinacionales como Apple, Amazon o Starbucks con las haciendas de varios países europeos y luego de sus multas millonarias a Google por sus prácticas anticompetitivas, parece que el punto de mira de la política danesa se aleja de las grandes corporaciones estadounidenses y empieza a golpear a las europeas.

Quizás sea una forma de congraciarse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que considera que la danesa “odia a los Estados Unidos quizás más que cualquier persona que haya conocido”. Desde el equipo de Vestager rechazan la acusación y la conclusión precipitada que pudiese extraerse de sus últimas decisiones. “Nuestra labor siempre está guiada por las normas”, señalan.

En los últimos diez años, la Comisión Europea ha aprobado cerca de 3.000 fusiones, integraciones y absorciones o joint ventures entre empresas. La de Tata y Thyssen es sólo la décima operación bloqueada en el mismo periodo. En la cocina de Bruselas, ahora mismo hay otros movimientos empresariales de gran magnitud pasando por la tamizadora. Es el caso de los intercambios de activos entre las grandes eléctricas centroeuropeas E.ON y RWE o la compra que Vodafone realizará de la telefónica Liberty Global en los mercados de Alemania, Hungría, República Checa y Rumanía. La Comisión los analiza “preocupada porque la adquisición propuesta pueda reducir la competencia”.

También lo hace con la empresa conjunta de medicamentos, parafarmacia y productos de salud que quieren crear la farmacéutica norteamericana Pfizer con los laboratorios británicos GlaxoSmithKline, con una facturación anual de 13.000 millones de dólares. La decisión se espera para el 10 de julio, así que el lector conocerá posiblemente su resolución cuando lea este artículo. Pifzer recibiría el 32% de la empresa resultante, que comercializaría productos tan conocidos como el antiinflamatorio Voltarén o la gama Sensodyne de higiene dental.

EL “FILTRO VESTAGER”

Los baremos, exigencias y condiciones para cribar una operación empresarial y decidir si es positiva para la competencia y no entorpece el funcionamiento normal del mercado único europeo no los ha formulado la comisaria Margethe Vestager. La UE cuenta con unas normas estrictas pactadas entre sus Estados Miembros y desarrolladas a lo largo de décadas por la Comisión para crear una política de competencia común. Es la EU Merger Regulation, la regulación de uniones en la UE.

Bruselas sólo analiza “fusiones con una dimensión en la UE”, sea porque esas empresas tienen unos ingresos combinados de 5.000 millones de euros o porque alcanzan los 2.500 millones de facturación y reúnen otros requisitos como su presencia en al menos tres Estados Miembros. La fusión de Siemens y Alstom o la joint venture entre Tata y Thyssen cumplían estos requisitos. Sin esta dimensión comunitaria, son las autoridades nacionales las que analizan la operación empresarial.

Como reconoce un miembro del equipo de Vestager, por muy espectacular que sea el movimiento corporativo, aunque las empresas lo comuniquen al mercado, abran sus libros y comiencen a negociar, Bruselas tiene las manos atadas para ‘atacar’ esa propuesta empresarial “hasta el mismo momento en el que quieran proceder con su fusión”, explica esta fuente comunitaria. Hasta entonces, las empresas “no están obligadas a comunicarlo oficialmente a la Comisión”.

Esta situación confiere una ventaja a las partes involucradas que pueden preparar sus dosieres con tiempo suficiente, comprobar dónde se solapan sus negocios o en cuáles se convierten en un actor de mercado hegemónico que puede enarcar las cejas del Departamento de Competencia de la Comisión y ofrecer concesiones a cambio, como las ventas de parte de sus negocios a otros operadores para que ganen cuota de mercado o a nuevos para que entren en ese sector.

Una vez notificada, surgen dos opciones. La primera es el “procedimiento simplificado” cuando las empresas no operan en los mismos mercados o similares, si sólo tienen una “porción muy pequeña del mercado” que no llega a un 15% de cuota al unirse sus operaciones o si esta está por debajo del 25% en mercados relacionados verticalmente. Por ejemplo, para evitar que un gran fabricante de acero se una a una gran minera de hierro y que ambas controlen ese negocio siderúrgico. Un proceso rápido para operaciones que “no crearán generalmente problemas significativos de competencia”. Las dudas y exigencias llegan cuando esos límites de presencia en un mercado se sobrepasan. Entonces, “la Comisión lleva a cabo una investigación completa”.

DESTRIPANDO UNA OPERACIÓN EMPRESARIAL

En cuanto las empresas implicadas en una operación corporativa la comunican a Bruselas porque el tamaño de sus negocios les ofrece una dimensión europea, la Comisión tiene 25 días hábiles para analizarla en su primera fase. Hay intercambios de información con los implicados y también con terceras partes, como competidoras, proveedores o clientes.

Suele ser exitosa, porque el 90% de los casos se resuelven aquí, “generalmente sin remedios”, presumen en el Departamento de Competencia. Pero si Bruselas observa problemas, entonces ofrece diez días más para conseguir esas concesiones. Un ejemplo fue en 2012 cuando se aprobó la unión entre las discográficas EMI y Universal Music a cambio de la venta del sello Parlophone y de numerosos activos musicales. Se hizo para evitar que una fusión entre dos de las cuatro grandes empresas musicales no derivase en un aumento de precios en la música en soporte digital.

Si estas desinversiones o concesiones no son suficientes, o no son aceptadas por las empresas involucradas, entonces la Comisión pasa a una fase más dura de investigación, un “análisis en profundidad sobre los efectos de la unión en la competencia”. Su duración es de 90 días, en los que Bruselas escruta documentación interna de las compañías, las eficiencias que obtendrían y si se trasladarían positivamente al consumidor. También realizar simulaciones virtuales para comprobar qué pasaría en el mercado interno europeo en diferentes escenarios de fusión.

Si esta investigación de mercado concluye que “los efectos positivos de estas eficiencias para los consumidores superasen los efectos negativos, la unión puede ser validada”. Si no lo hace, la Comisión envía un pliego de objeciones a las partes para que puedan presentar alegaciones y nuevas concesiones. Los 90 días pueden ampliarse y finalmente Bruselas aprobará sin condiciones, sujeta a remedios o prohibirá la operación.

A TORTAS POR TRENES Y ACERO

A Bruselas no le ha temblado el pulso para vetar la fusión entre Siemens y Alstom o entre los negocios acereros TataSteal y ThyssenKrupp, impidiendo la creación de campeones europeos en el sector ferroviario o siderúrgico capaces de competir con los chinos o estadounidenses.

Era uno de los motivos de mayor peso esgrimido por los gobierno francés y alemán cuando presionaron insistentemente en favor de la fusión entre Siemens y Alstom. La prohibición generó una oleada de críticas desde ambos ejecutivos. “Habría permitido desarrollar los medios financieros necesarios para invertir masivamente en la señalización” ferroviaria, reprochó a Bruselas el Ministro de Finanzas galo, Bruno Le Maire. Para Le Maire, esa inversión es vital si los trenes europeos quieren seguir siendo competitivos frente a estadounidenses y chinos y el bloqueo de Vestager supone “un error económico y político, un regalo a China”.

La misma Francia que ha frenado la fusión entre Renault y Fiat gracias al 15% del accionariado que posee en la automovilística gala y que se llevó un reproche evidente de la italiana por sus exigencias sobre puestos de trabajo, inversiones o centros de decisión, “ha quedado claro que no existen actualmente las condiciones políticas en Francia para que una combinación así se desarrolle exitosamente”, bramó en un comunicado FCA, la matriz de Fiat-Chrysler, busca ahora cambiar las reglas de Competencia a su acomodo para frenar el desembarco de potencias extranjeras en sus empresas.

La Inspección General de Finanzas de Francia, un organismo bajo supervisión del Ministerio de Finanzas, encargada de “controlar, auditar, estudiar, aconsejar y evaluar cuestiones administrativas, económicas y financieras, publicó hace un mes un informe demoledor contra las reglas de la Competencia europea, contra esa EU Merger Regulation. Lo firmaban cinco de sus principales investigadores y pedían “una modificación de nuestra política de competencia” porque “el riesgo, en consecuencia, es que el mercado interior se resuma en ser un lugar de encuentro entre los consumidores europeos del lado de la demanda, y de empresas americanas y chinas del lado de la oferta”.

La Inspección General de Finanzas francesas alertaba sobre las implicaciones en “nuestra autonomía tecnológica y más ampliamente en la capacidad de la UE de existir como potencia soberana” si no se produce esa reforma. Entre las medidas propuestas, suprimir el plazo de dos años como línea directriz para comprobar si entrarían nuevos competidores o incorporar como factor de análisis que un posible rival sea un beneficiario potencial de subvenciones públicas masivas. Este apunte iba claramente dirigido contra las inversiones de gigantes asiáticos en sectores estratégicos europeos. Vestager también recibía su particular dardo con la exigencia de “tener mejor en cuenta las ganancias de eficiencia creadas por las operaciones de concentración”, además de la petición de desarrollar un “equipo de expertos en estrategia industrial para identificar la viabilidad” de los remedios propuestos.

La enmienda desde París casi a la totalidad de la política de competencia y a la presencia o financiación pública de empresas pasa también por “revisar drásticamente el control de las ayudas de Estado a la I+D+I” para que no se pueda realizar con anterioridad. Le Maire y Emmanuel Macron, presidente francés, están obsesionados con potenciar la economía digital en su país y Europa en la carrera del siglo XXI.

Sin embargo, pese a los reproches públicos y a los argumentos económicos encargados por Le Maire a sus inspectores, los datos muestran que Bruselas no es especialmente interventora en las decisiones empresariales, más bien todo lo contrario. Sólo desde febrero, la Comisión ha aprobado cerca de un centenar de fusiones de gran tamaño y en los últimos diez años el 90% de todas las validadas lo consiguieron sin condiciones.

“Hemos visto una oleada de fusiones en el pasado reciente”, explica al respecto la Comisaria Vestager, “de hecho, sólo en el último año el número de fusiones notificadas a la Comisión alcanzó un máximo histórico de más de 400”. La política danesa defiende que no existe discriminación entre nacionalidades o sectores de las empresas involucradas. “Nuestro principio al analizar todas estas operaciones siempre es el mismo: asegurar que los consumidores europeos no son golpeados por precios más altos, por una oferta limitada o por menos innovación”.