Venezuela sigue viviendo una fuerte crisis económica y humanitaria. Se espera que la caída de su PIB en 2019 sea del 35%, situación a la que ha llegado por varios motivos: la producción de petróleo, el empeoramiento de las condiciones en el sector no petrolero y una escasez generalizada de energía eléctrica, tal y como se desprende de un estudio elaborado por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Y esto está afectando a los países con los que mantiene relación.

En este ecosistema económico, la hiperinflación continúa con fuerza: las predicciones apuntan a una cifra del 200.000%, empujado por el endurecimiento de las condiciones monetarias por parte del banco central a comienzos de 2019. No obstante, desde el FMI aseguran que estos datos son difíciles de cuantificar debido a la falta de información: “Proyectar las perspectivas económicas de Venezuela, incluida la evaluación de la evolución económica pasada y actual como base para las proyecciones es complicado debido a que no se mantienen conversaciones con las autoridades, a la asimilación incompleta de los datos declarados, y a las dificultades a la hora de interpretar algunos indicadores económicos publicados a la luz de los acontecimientos económicos”.

En octubre de 2019, las Naciones Unidas estimaron que 4,5 millones de venezolanos habían abandonado el país, y que 3,7 millones se habían asentado en otros países de América Latina y el Caribe. Estos son los países que mayor número de venezolanos recibieron:

-Colombia recibió la cifra más alta (1,4 millones)

-Perú (860.900)

-Chile (371.200)

-Ecuador (330.400).

Y, esta situación, ¿qué consecuencias trae consigo? Pues bien, a corto plazo las previsiones apuntan a se que generen presiones sobre el suministro de servicios públicos y en los mercados laborales, donde la migración podría incrementar la informalidad en un contexto de débil actividad económica. En cuanto al medio plazo, elevarían el crecimiento potencial conforme se amplíen el volumen y las aptitudes de la fuerza laboral y según aumente la inversión. No obstante, “a corto plazo se prevé que los efectos en el crecimiento sean moderados”, explican desde la institución.

También hay riesgos a la baja a las ganancias en crecimiento si los inmigrantes no son integrados en forma ordenada y si la inmigración lleva a una dislocación social. El personal técnico del FMI analizó el impacto de la migración de Venezuela en los países receptores suponiendo que el fenómeno continúa en los próximos años y que, para 2023, alcanzará la cifra de 10 millones de migrantes.

Una aceleración de la emigración de Venezuela podría agudizar las tensiones en los mercados laborales, las posiciones fiscales y el suministro de bienes públicos en los países receptores de los migrantes. En un contexto donde el crecimiento en América Latina y el Caribe se ha desacelerado de un 1% en 2018 al 0,2% por ciento en 2019. Y a la crisis económica y humanitaria de Venezuela podrían unirse otros factores externos que continúan perjudicando las perspectivas de la región: el lento crecimiento mundial, los precios moderados de las materias primas y los flujos de capital volátiles.