Úrsula von der Leyen tomó el pulso de buena parte de los países más afectados por la pandemia de la COVID-19. Entre ellos, de España, que ha acogido con optimismo la propuesta de crear un fondo de 750.000 millones de euros. "Recoge muchas de las propuestas del Gobierno español", afirma la vicepresidenta de Asuntos Económicos, Nadia Calviño.

Entre esas propuestas, se encuentra la emisión de deuda comunitaria para financiar el fondo que, de hecho, constituye el eje del plan bautizado como "Next Generation EU". Otra de las ideas españolas que recoge es la posibilidad de facilitar estas ayudas mediante transferencias, en lugar de créditos.

No obstante, tal y como se desprende de los documentos que hizo públicos la Comisión Europea este miércoles, también se han tomado en consideración otras ideas que ya había defendido el Ejecutivo español. En concreto, von der Leyen apuesta por la creación de cuatro nuevos impuestos a escala europea que ayuden a sufragar los gastos.

Sin embargo, hay que avanzar hasta el séptimo párrafo del comunicado de la Comisión para leer que "la Comisión propone una serie de nuevos recursos propios". A su vez, el documento que desarrolla cómo se van a financiar los créditos y las transferencias, deja para su última página la exposición de cuatro impuestos que aspiran a recaudar 35 mil millones de euros al año. Aun así, tanto las tasas como la configuración del fondo requiere de la aprobación de los líderes europeos.

En primer lugar, se hace referencia a un mecanismo de ajuste fronterizo del carbono. Esto significaría imponer una tasa a aquellas empresas que trasladen su producción a otras regiones en las que los requisitos en cuanto al carbón son más laxos. Con esta medida podrían recaudarse entre 5.000 y 14.000 millones de euros al año.

La segunda figura impositiva ya existe, y tiene que ver con la contaminación de la aviación y el sector marítimo. De ese modo, se ampliaría el Sistema de Comercio de Emisiones, que actualmente no afecta a esos dos nuevos sectores, para aumentar los ingresos en 10.000 millones de euros al año.

Las grandes compañías serían las más afectadas por los planes recaudatorios de von der Leyen. Por una parte, se sugiere una impuesto para las empresas "que obtienen enormes beneficios del mercado único de la UE", aunque no se especifica a partir de qué cifra se impondría esta tasa, destinada a generar 10.000 millones de euros anuales.

Por otro lado, como han defendido países como España y Francia recientemente, se estudia la creación de un impuesto digital. En particular, afectaría a aquellas empresas con una facturación superior a los 750 millones de euros, si bien se trata de una imposición que debería alcanzar la aprobación de la OCDE. Este último impuesto recaudaría 1.300 millones de euros.

El documento defiende que las fuentes de ingresos de la Unión Europea no han cambiado durante décadas, como son los derechos de aduana y las contribuciones basadas en el IVA y en el ingreso nacional bruto. El resto de propuestas que han ido apareciendo tienen que ver, según el organismo, con las prioridades recientes de la UE, como son el cambio climático, la economía circular y establecer una fiscalidad justa, en este último aspecto con respecto a los gigantes digitales.

Por otro lado, el ejecutivo europeo es consciente de la necesidad de devolver los fondos que se obtengan por medio de la emisión de deuda. Por ello, defiende que "estos nuevos recursos propios podrían ayudar a financiar el reembolso y los intereses" de la financiación que obtenga la UE en los mercados.