El rápido desarrollo del big-data, en China, puede garantizar una eficiencia máxima de la gestión pública si existe un acceso a todos los datos socialmente relevantes. Y, si dichos datos, pueden acabar siendo analizados desde una autoridad central. Toda la información asimétrica, en este sentido, pasaría a ser perfectamente simétrica. Y, asumiendo la prevalencia de decisiones racionales en todo momento, ello derivaría teóricamente en una eficiencia máxima.
Tanto es así que, según expertos consultados por DIRIGENTES, “China será capaz de controlar cualquier transacción realizada dentro del país”. Sin embargo, el big-data también esconde una clara distopía totalitaria, en la forma del controvertido “sistema de crédito social”. Es decir, conforme todas las transacciones son realizadas exclusivamente de manera telemática, el sistema podría restar puntos al crédito social del individuo si éste vulnera ciertas normas. Y, como dichas transacciones solamente sería posible realizarlas a través de dicho sistema telemático centralizado, cualquier individuo penalizado podría ser privado del acceso al mismo.
Con un crédito social “insuficiente”, podríamos ser privados del acceso a nuestro propio dinero cuando, por ejemplo, quisiéramos adquirir un billete de avión. El riesgo, obviamente, es quién modula esos niveles de crédito social adjudicados a cada ciudadano. Y, sobre todo, cómo se configuran los parámetros del sistema de crédito social. La encrucijada ética es si, además de las normas legales aplicables a todos los ciudadanos, un sistema telemático debe limitar nuestras libertades si detecta una desviación no delictiva en nuestro comportamiento individual.
Por poner otro ejemplo, criticar al gobierno chino en una web no necesariamente es delito, pero el sistema sí restaría puntos al balance individual del crédito social. O ser familiar de un terrorista, por citar otra hipótesis, también afectaría negativamente al crédito social.
Esta limitación del crédito social, siguiendo con este mismo razonamiento, puede acabar cercenando derechos básicos como la compra de una vivienda. O, como se ha mencionado antes, puede acabar afectando a la libertad de movimientos del individuo (sin ser éste, legalmente, un delincuente). El ciudadano, bajo este sistema telemático de crédito social, estaría renunciando a muchas libertades individuales. Y el teléfono móvil, paradójicamente, acabaría convirtiéndose en una suerte de policía política las veinticuatro horas del día.
Para eliminar a un ciudadano socialmente no es condición necesaria encarcelarlo. La exclusión, derivada de normas o costumbres sociales arbitrariamente dictadas desde el poder político, también puede constituir una pena similar o peor. El sistema de crédito social exigiría, por tanto, renunciar a derechos individuales. A la privacidad. A aceptar una intromisión asfixiante del estado extensible al ámbito privado. O, peor todavía, a no poder escribir este artículo ni enviarlo desde China ¿Logrará la dictadura comunista china perfeccionar este sistema al efecto de terminar detectando nuestros pensamientos o sueños? Si estos no se ajustan a los parámetros establecidos ¿Se perdería crédito social? De momento, la versión beta del sistema (esto es, excluidos los sueños o pensamientos), será una realidad en 2020.
