A lo largo de la semana pasada, varias Comunidades Autónomas han anunciado la supresión del Impuesto de Patrimonio. En el inicio del curso político que estará protagonizado por las elecciones municipales y autonómicas –en todas menos Andalucía, Castilla y León, Cataluña, Galicia y el País Vasco–, los barones regionales populares han comenzado a responder a […]
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| 26 sep 2022
A lo largo de la semana pasada, varias Comunidades Autónomas han anunciado la supresión del Impuesto de Patrimonio. En el inicio del curso político que estará protagonizado por las elecciones municipales y autonómicas –en todas menos Andalucía, Castilla y León, Cataluña, Galicia y el País Vasco–, los barones regionales populares han comenzado a responder a las subidas impositivas del Ejecutivo central.
El lunes pasado, Moreno Bonilla era el primero en hacerlo tras la Comunidad de Madrid. El presidente de la Junta de Andalucía, además, también anunció la supresión provisional del canon del agua y la deflactación del tramo autonómico del IRPF.
Dos días más tarde, su homólogo en Murcia, Fernando López Miras, seguía su senda anunciando que Murcia podría abordar “muy probablemente” la supresión del Impuesto de Patrimonio. Además, López Miras anunció la deflactación del IRPF, con una bajada del 4%.
El Impuesto de Patrimonio en España se basa en una tasa progresiva que va del 0,2 % al 3,75 % sobre las existencias de fortunas superiores a los 700.000 euros, con tasas que varían sustancialmente entre las regiones autónomas de España (la Comunidad de Madrid ofrece una bonificación sobre la totalidad). Los residentes españoles están sujetos al impuesto en el exterior, mientras que los no residentes pagan solo sobre los activos ubicados en España.
Se trata de una tasa –una doble imposición que para muchos es inconstitucional– inexistente en el resto de Europa, a excepción de dos países: Noruega y Suiza, ambos fuera de la Unión Europea.
Solo otros dos países del continente cobran un Impuesto de Patrimonio neto, como sucede en España, y ambos están fuera de la Unión Europea. En los últimos 30 años, diez Estados del Viejo Continente han ido suprimiendo este tributo, dejando a España prácticamente sola –a excepción de Noruega y Suiza– en el pequeño club de países que siguen gravando el patrimonio neto. Así, Austria (1993), Alemania (1996), Dinamarca (1997), Polonia (2001), Luxemburgo, Finlandia e Irlanda (2006), Suecia y Ucrania (2007), Países Bajos (2010) y Francia (2017) han eliminado esta doble imposición de sus estructuras fiscales.
Noruega cuenta con un impuesto sobre el patrimonio desde 1892. En el país nórdico, se aplica un tipo sobre el patrimonio del 0,95 % sobre las fortunas superen los 1,7 millones de coronas noruegas (165.000 euros). Del casi punto porcentual recaudado, un 0,7% lo recolectan los municipios y el 0,25% restante, el gobierno central. Además, para el patrimonio superior a 20 millones de coronas noruegas (1,94 millones de euros), la tasa impositiva sube al 1,1 por ciento.
Otro país que sigue, desde 1840, recaudando a través de este tributo es Suiza, que lo aplica a nivel regional. La particularidad más reseñable de este tributo en el país helvético es que cubre los activos en todo el mundo (excepto los bienes inmuebles y los establecimientos permanentes ubicados en el extranjero). Las tasas impositivas y las desgravaciones varían significativamente entre los cantones.
A este selecto club de tres países que recauda a través de este concepto, podemos añadir tres más: Francia, Italia y Bélgica.
En Francia, el gobierno de Emmanuel Macron aprobó en 2018 el conocido como impuesto a la Fortuna Inmobiliaria, tras el fracaso de la tasa sobre las grandes fortunas que había decretado dos años antes François Hollande (un tributo muy similar al que anunció la semana pasada María Jesús Montero). Los residentes fiscales franceses cuyos activos inmobiliarios en todo el mundo tengan un valor igual o superior a 1,3 millones de euros están sujetos a este tributo, además de los residentes fiscales que no sean nacionales cuyos activos inmobiliarios ubicados en Francia tengan un valor superior a esta cantidad. La tasa impositiva varía según el valor neto de los activos inmobiliarios, llegando hasta 1,5 por ciento.
Italia grava los activos financieros en el extranjero al 0,2 por ciento. Además, las propiedades inmobiliarias en el exterior poseídas por residentes fiscales italianos están gravadas al 0,76 por ciento.
Por último, Bélgica introdujo en 2021 una tasa de solidaridad (TSA) del 0,15 por ciento sobre las cuentas de valores que alcanzan o superan el millón de euros (1,09 millones de dólares). Sin embargo, un impuesto similar fue anulado, en 2019, por el Tribunal Constitucional belga. El alcance de la nueva TSA se amplió para incluir cuentas de valores mantenidas en Bélgica y en el extranjero y se grava sobre la propia cuenta de valores. Por lo tanto, el número de titulares de cuentas o su estado de titularidad es irrelevante.
