La recepción actual de inversiones en Europa dista mucho de la que se producía a mediados del siglo pasado. En ese momento se recibía toda ayuda económica con los brazos abiertos. Estaba en marcha el Plan Marshall, una iniciativa de Estados Unidos por ayudar a los países europeos después de la II Guerra Mundial, además de atraerlos a su órbita y alejarlos de la influencia Rusa.

Ahora, cuando la Unión Europea quiere presentarse ante el mundo como un actor global de referencia, las inversiones extranjeras se miran con una mayor reticencia. Es por ello que desde las entidades comunitarias se trata de controlar a qué sectores y en qué cantidades invierten las empresas de fuera de Europa.

Según los datos de la Comisión Europea, la Unión es el principal destino de la inversión extranjera directa. Así, Europa recibió 5,7 billones de euros, por delante de Estados Unidos, que fue el destino de 5,1 billones, y China, que recibió 1,5 billones.

En los últimos veinte años se ha transformado la inversión extranjera directa en Europa. Las inversiones desde China (2% del total) se han multiplicado por seis, las procedentes de Brasil (acumulan el 2,2% del total), por diez, mientras que la inversión rusa se ha duplicado (hasta alcanzar una cuota del 1,1%). En este último caso, hay una especial incidencia de las empresas públicas o vinculadas al estado que dirigen esas inversiones al sector tecnológico, según explican desde el Parlamento Europeo.

No obstante, hay que explicar que Estados Unidos sigue liderando las inversiones en Europa, si bien se ha reducido su cuota en el total, al igual que ocurre con Suiza o Japón. De esa forma, Estados Unidos acumula el 41% (frente al 51% en 1995), Suiza el 11% (20% en 1995), y Japón el 2,9% (7,7% en 1995), conforme a los datos de Eurostat referentes a 2015.

El Parlamento Europeo apoya la creación de un instrumento que controle la inversión extranjera en sectores estratégicos. Dichos sectores son los de infraestructuras, tecnología, el sector energético, el de transporte, comunicaciones, espacial, así como el sistema financiero. Además, se incluyen otros como el de los medios de comunicación, defensa o biotecnología.

El propósito es que el organismo que realice ese control comience a operar en la segunda mitad de 2020. Su funcionamiento necesita de la cooperación entre los estados miembros, a través del intercambio de información. Por otro lado, los países estarán facultados para valorar la conveniencia de las inversiones en otros estados, si bien la decisión final pertenecerá al país que reciba esa inversión.

Así, se pretende “mantener la puerta abierta al capital extranjero”, siempre y cuando se asegure que esa inversión “no perjudica a los intereses estratégicos de la Unión”.