La nueva directiva comunitaria sobre las condiciones laborales de los empleos atípicos aprobada por la UE busca extender hasta a tres millones de trabajadores europeos los derechos laborales de los que gozan los empleados con contratos estables.

Sus beneficiarios serán los repartidores en bici de Deliveroo o Glovo, los conductores de Uber o los trabajadores de los servicios online de limpieza doméstica. Ejemplos de los nuevos mercados y oportunidades de la economía digital, y que hasta ahora habían vivido en un limbo legal que favorece la precariedad laboral.

Bruselas quiere adaptarse a esta realidad del siglo XXI, esta economía “necesita contratos laborales flexibles”, explica la Comisaria de Empleo y Asuntos Sociales, Marianne Thyssen, y también “ofrecer a los trabajadores de toda Europa condiciones más predecibles y transparentes”.

Uno de cada cuatro trabajadores europeos tiene en la actualidad un contrato que “afecta a formas atípicas de empleo”. Así denomina la Comisión Europea a trabajadores domésticos, trabajadores con empleos marginales a tiempo parcial o de muy corta duración y a nuevas formas de empleo. Cuando entre en vigor esta nueva directiva, el empleado podrá negarse, sin consecuencias, a una tarea concreta fuera de las horas establecidas. También podrá aceptar un empleo de otra empresa si el horario no coincide con el del otro empleador.

La mejora de las condiciones laborales que supondrá para los nuevos empleos y contratos surgidos de la economía digital, ya implantados como oferta de servicios físicos al pequeño consumidor, irá pareja a su mayor regularización y su convivencia, libre de vacíos legales, con las profesiones tradicionales de esos mercados. Europa sigue sentando las bases de la economía digital en medio del enfrentamiento que libran contra ella antiguos monopolios profesionales.

En España, la batalla del sector del taxi ante la competencia de las empresas con vehículos de licencia VTC se enmarca dentro de este engranaje europeo. De ahí la reciente visita de representantes de la Plataforma Integral del Taxi en Bruselas denunciando “la invasión que sufre el sector” y que España estaría vulnerando “la legislación comunitaria”

La directiva Bolkestein, el taxi y España

“Están manipulando el relato de la realidad, por encima del derecho, creando una especie de post-derecho, post-verdad donde la gente se acaba creyendo que Uber puede prestar servicios de taxi”, denuncia el jurista de la Plataforma del Taxi, Elpidio José Silva.

La interpretación equivocada afectaría, según Silva, a la conocida como ‘directiva Bolkestein’, la relativa a los servicios en el Mercado interno de la UE, que abrió sectores profesionales tradicionalmente cerrados a la competencia privada y al desembarco de nuevos operadores. Fue aprobada en 2006 y entonces incluyó al taxi como servicio público al regular que “los servicios de transporte, incluido el transporte urbano, los taxis y las ambulancias (...) deben quedar excluidos del ámbito de su aplicación”.

Fue el argumento esgrimido por Alberto Álvarez, portavoz de los taxistas, insistiendo que "excluye de la liberalización a al taxi", para denunciar en el Parlamento Europeo que las administraciones españolas “miran hacia otro lado” y “son cómplices activos del incumplimiento” de las normas europeas.

La directiva Bolkestein fue adaptada a la legislación española con la Ley Ómnibus del Gobierno Zapatero en 2009. Hasta 2015 permitió la aparición de más de 5.000 licencias VTC al dejar sin aplicación el principio de una licencia por cada treinta de taxi. Cuando el Partido Popular derogó esta ley en 2015, los permisos ya otorgados permanecieron como legales.

A esta transposición de las leyes comunitarias se agarra Elpidia Silva cuando denuncia el trabajo de empresas como Uber o Cabify. “Es piratería consentida por las instituciones” y amplía el debate a todo el continente ya que operan en ciudades “como Madrid, Barcelona, Bruselas o Praga sin tener la licencia del taxi”. Mientras los taxistas españoles acusan a Cabify y Uber de competencia desleal y plantean una “macro querella criminal” en la Audiencia Nacional “contra una trama de una serie de personas”, por delitos de “estafa masiva” o “blanqueo de capitales”, las empresas VTC han respondido con una denuncia a los taxistas por organización criminal, debido a las protestas en Madrid y Barcelona.

El cruce de acusaciones tiene visos de llegar a la justicia europea si los tribunales españoles elevan finalmente la causa para conocer cómo sentenciar en la aplicación de la legislación comunitaria. El Tribunal de Justicia de la UE, con sede en Luxemburgo, podría imponer al Estado español una multa cuantiosa si la transposición ha sido incorrecta.

En Bélgica, el sector del taxi y Uber también están en guerra. Uber acaba de ver cómo su aplicación UberX, con conductores con licencia VTC, la misma que le enfrenta en España con el taxi, es validada por la justicia bruselense, que no la considera un servicio de taxis y rechaza que los conductores profesionales que operan con ella sean empleados de la empresa norteamericana. El plano del enfrentamiento es totalmente diferente al español, donde se discute si mantener el statu quo o endurecer las condiciones para que estos servicios operen. Y, sin embargo, es el mismo mercado único regulado por la directiva Bolkestein. Antes o después el Tribunal Europeo de Justicia arbitrará para fijar las reglas del taxi en cada país.