La Unión Europea ha llegado este martes a un acuerdo para tasar las importaciones en función de los gases de efecto invernadero emitidos para su fabricación, incorporando así la regulación del cambio climático en las reglas del comercio global. 

El pacto entre los gobiernos nacionales europeos y el Parlamento Europeo pone fin a más de un año de negociaciones sobre los detalles del plan y se espera que la Unión Europea lo adopte en las próximas semanas como parte de un amplio paquete de legislación que intensificaría los esfuerzos del bloque para limitar el calentamiento global. 

De aprobarse, se trataría del primer impuesto del mundo sobre el contenido de carbono de los bienes importados. Uno de los miedos con el que contemplan los mercados esta medida es que esta suponga la creación de una nueva red de trámites burocráticos para exportar a Europa. 

Solo afecta a las empresas más contaminantes

El tributo, que entraría en vigor en octubre de 2023, se aplicaría primero a algunas de las industrias más contaminantes de Europa: aluminio, acero, fertilizantes, cemento, algunos productos químicos y producción de hidrógeno. 

Esta tasa fronteriza busca proteger a los fabricantes europeos de los competidores de terceros países, con especial foco en aquellos con escasa regulación en materia de emisiones. Es decir, evitar un “dumping ecológico” que lleve a los industriales a deslocalizar su producción fuera del Viejo Continente. También usaría el peso económico del bloque para presionar a terceros países a fijar un precio al carbono, ya sea a través de un impuesto u otros medios, como un sistema cap and trade, porque los fabricantes de esos países se beneficiarían de una deducción de ese costo del impuesto europeo cuando sus productos lleguen a las fronteras del bloque. 

En una primera fase, solo se requerirá a las empresas afectadas informar de las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas con las importaciones que realicen. A partir de 2026 o 2027, los importadores estarían obligados a pagar el impuesto. Estos tendrían que pagar un precio por las toneladas de dióxido de carbono que excedan el límite europeo, establecido en el Sistema Europeo de Comercio de Emisiones, que en los últimos dos años ha aumentado hasta los 90 euros por tonelada. La legislación exigirá a los importadores, previo registro, una autorización para importar los bienes cubiertos por el impuesto.

La clave de esta nueva tasa es que incluyen las llamadas emisiones indirectas, que no son liberadas por los propios fabricantes sino por las centrales eléctricas de las que dependen para obtener electricidad.

Esta iniciativa forma parte del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono, que tiene por objeto igualar el precio del carbono entre los productos de la Unión y los importados, y va en concordancia con los esfuerzos realizados por la Unión Europea para la eliminación gradual de los derechos de emisión gratuitos que el bloque otorga a sus industrias. También se incluye dentro del plan Fit for 55, que busca reducir las emisiones en un 55% para el año 2030.