El tejido empresarial no ha escapado indemne a las consecuencias de una economía renqueante. La parálisis forzosa a la que fue sometida la economía española a causa de la crisis sanitaria ha obligado a colgar el cartel de cerrado a muchos negocios. Según los datos recopilados por Cepyme, la Seguridad Social contabilizaba el pasado mes de febrero un total de 1.276.090 empresas con asalariados, es decir, 48.337 menos que en la vida pre-COVID, con un descenso interanual del 3,6%. Esta tendencia se ha acentuado entre enero y febrero de este año, con la baja de casi 20.000, “truncando” el resurgimiento que se venía registrando desde agosto.  

“El inicio de la pandemia hace ahora casi un año supuso un duro golpe para el tejido productivo, con una pérdida de más de 91.000 empresas entre marzo y abril, aunque la reactivación de la actividad ayudó a que se recuperasen más de 57.000 hasta finales del año 2020”, precisan desde la patronal de las pymes. La ausencia de demanda ocasionada por las restricciones ha puesto a prueba la capacidad financiera de estas, que han llegado a la tercera ola de contagios sumidas en la asfixia financiera, con un coste conjunto en pérdidas que oscila entre los 1.200 y los 1.800 millones de euros semanales. Esto unido a la “falta de expectativas a corto y medio plazo” componen el cóctel perfecto para la intensificación de los cierres, a pesar de la moratoria concursal.

En estas circunstancias, desde la organización achacan la situación a la ausencia de “apoyos suficientes”, al tiempo que advierten de que la cifra podría incrementarse a lo largo de este ejercicio “sin medidas contundentes y bien instrumentadas” adaptadas al tamaño y realidad de las empresas. En concreto, reclaman iniciativas enfocadas en atajar los problemas de liquidez y solvencia con el objetivo de esquivar la quiebra de muchos negocios. El pasado viernes, el Gobierno anunció la creación de un fondo dotado con 11.000 millones de euros a repartir a través de tres instrumentos: recapitalización (1.000 millones), restructuración de deuda (3.000) y ayudas a fondo perdido por valor de 7.000 millones a pymes y autónomos procedentes de los sectores más golpeados. 

Las mayores caídas anuales se han producido en servicios (-5,3%) e industria (-2,3%), solo compensados por el aumento experimentado en agricultura, con 7.000 empresas más. Al analizar por ramas de actividad, la hostelería se lleva la peor parte, con un 13% menos de negocios, seguido de actividades artísticas y de entretenimiento (-10,6%), así como transporte (-7,7%). Precisamente esto ha redundado en el hecho de que las comunidades autónomas más afectadas sean Islas Baleares (-6,7%), Islas Canarias (-6,6%) y Comunidad Valenciana (-5,4%), muy ligadas al turismo. En términos absolutos, Comunidad Valenciana fue la más perjudicada (-8.150), por delante incluso de Cataluña (-7.524) y Comunidad de Madrid (-5.491). 

España no solo es un país de pymes, sino que, además, estas son mucho más pequeñas en comparación con las del resto de Europa, factor que juega en su contra. Desde hace tiempo diferentes agentes económico-empresariales vienen avisando sobre los riesgos de esta coyuntura empresarial y ante lo que Cepyme hace un llamamiento a contar “con apoyos más intensos y adecuados, en la línea de otros países de nuestro entorno, con el fin de evitar una pérdida adicional de competitividad”.